También estarán prohibidos los mensajes del tipo "casi acertaste" o "estuviste cerca".
El Real Decreto que busca fortalecer la protección de los jugadores más vulnerables y obligar a los operadores a crear entornos de juego más seguros entrará en vigencia el 15 de septiembre, aunque algunos artículos, como la limitación de los medios de pago para participantes con comportamientos de juego intensivo, no lo harán hasta dentro de un año. Es decir, estos jugadores podrán seguir utilizando sus tarjetas de crédito hasta el 15 de marzo de 2024, según lo publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Los artículos 13, 14, 15, 16 y 17 tampoco entrarán en vigor hasta dentro de un año, los cuales se refieren a aspectos como la configuración previa de la sesión de juego bajo la licencia general de ‘Otros juegos’, límites a los importes destinados a la realización de apuestas en directo, mensajes de autoevaluación, presentación de resultados en juegos y la prohibición de enviar a los participantes jóvenes promociones cuyo objeto sea ajeno a la actividad de juego desarrollada en la plataforma del operador.
Además, las empresas tendrán prohibido enviar a los jóvenes de entre 18 y 25 años actividades promocionales cuyo objeto sea ajeno a la actividad de juego desarrollada en la web o plataforma, como, por ejemplo, invitaciones a partidos o entradas para espectáculos, así como incluirlos en programas VIP de fidelización.
El Ministerio de Consumo ha explicado que esta nueva normativa tiene como objetivo minimizar los comportamientos de juego de riesgo o intensivo que pueden derivar en conductas problemáticas o patológicas.
En términos generales, se considerará que están en la categoría de juego intensivo las personas que acumulen pérdidas netas iguales o mayores a 600 euros (se limita a 200 euros en el caso de los menores de 25 años) en un plazo de tres semanas seguidas. También forman parte del colectivo de especial protección y vulnerabilidad de la nueva norma quienes han solicitado restricción en el acceso a su cuenta de juego (autoexcluidos) y quienes se han inscrito en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego (autoprohibidos).
El Real Decreto tiene como objetivo garantizar un marco de políticas de protección ante los riesgos del juego a nivel estatal que «prevenga comportamientos problemáticos y aumente la supervisión y control de los operadores». Tras la entrada en vigor de la nueva normativa, las empresas del sector estarán obligadas a «promover pautas de consumo saludable y a minimizar la aparición de daños en la esfera personal, familiar y patrimonial de las personas jugadoras».
Nuevas obligaciones para las empresas operadoras.
Los operadores ahora tienen nuevas obligaciones para proteger a las personas vulnerables, como enviar un mensaje específico para alertar sobre la conducta de riesgo o enviar un resumen mensual de la actividad de juegos de los jugadores. Además, los jugadores en riesgo ya no podrán utilizar tarjetas de crédito y sólo podrán utilizar medios de pago nominativos y de su titularidad.
Los jugadores vulnerables también serán excluidos de actividades de promoción y de la lista de clientes privilegiados. Además, los operadores pondrán en marcha medidas de refuerzo para ellos, como fijar una interacción específica y obtener su respuesta en un plazo máximo de 72 horas. Si no hay respuesta por parte de los jugadores con comportamiento de riesgo, el operador deberá suspender la cuenta.
Las personas autoexcluidas y autoprohibidas no recibirán comunicaciones comerciales, y aquellos que se inscriban en el Registro General de Interdicciones de Acceso al Juego tendrán prohibido el acceso a sus cuentas, depósitos y participaciones en un plazo máximo de 48 horas.
Además, los operadores tendrán que suscribirse al servicio de alerta antiphishing de la Dirección General de Ordenación del Juego para evitar que las personas con conductas de riesgo jueguen suplantando la identidad de otro jugador.
Una línea telefónica de asistencia y ayuda.
En general, todas las personas que participen en juegos de azar y apuestas deben tener acceso a información en los sitios web y aplicaciones de las empresas del sector, que incluya la prohibición de jugar a menores de edad, los posibles riesgos del juego, los trastornos asociados y cómo obtener asistencia al respecto.
De hecho, será obligatorio que las empresas del sector cuenten con una línea telefónica de asistencia y ayuda para comportamientos de riesgo, que no podrá ser de tarificación especial. Además, estas empresas deben capacitar específicamente a una persona para supervisar las medidas de protección de los jugadores.
Sanciones previstas para las empresas.
El no cumplimiento de las medidas establecidas en el real decreto serán sancionadas por el Ministerio de Consumo. Las infracciones graves pueden acarrear multas de hasta un millón de euros y la suspensión de la licencia de juego por seis meses. En el caso de las infracciones muy graves, las multas pueden llegar a los 50 millones de euros y resultar en la pérdida de la licencia de juego.
