Se archiva el caso por «irregularidades en cribados de cáncer» en la Comunitat

Se archiva el caso por «irregularidades en cribados de cáncer» en la Comunitat

Sanidad informó sobre la investigación por posibles irregularidades en los programas de cribado de cáncer durante los años del gobierno del Botànic.

 

La Fiscalía Provincial de Valencia ha cerrado las diligencias de la investigación preprocesal abierta tras la denuncia presentada por la Asociación Defensor del Paciente sobre posibles irregularidades en los programas de cribado de cáncer de mama durante el gobierno anterior del Botànic.

La Fiscalía no ha encontrado indicios de delito en los hechos denunciados, y esta decisión es definitiva y no puede ser recurrida.

En un decreto emitido el 4 de marzo, el ministerio público decidió iniciar la investigación para evaluar la eventual tipicidad de los hechos, aunque desde el principio descartó la existencia de delito. Sin embargo, en un decreto emitido tres días después, el fiscal jefe archivó las diligencias al entender que la denuncia «no contiene ningún supuesto susceptible de ser calificado penalmente, ni informa acerca de indicio alguno de esta naturaleza que justifique» la intervención del ministerio fiscal.

La Conselleria de Sanidad informó el pasado mes de febrero sobre la apertura de una investigación por posibles irregularidades en los programas de cribado de cáncer de mama, colon y cérvix durante los años del gobierno del Botànic. Se señaló la detección de posibles retrasos de hasta cuatro años en la primera citación a entre 150.000 y 200.000 mujeres, así como demoras de dos años en la realización de las mamografías de seguimiento.

La Fiscalía Provincial de Valencia ha cerrado las diligencias de investigación preprocesal relacionadas con la denuncia presentada por la Asociación Defensor del Paciente sobre posibles irregularidades en los programas de cribado de cáncer de mama durante el pasado gobierno del Botànic. En un decreto emitido el 4 de marzo, el ministerio público había iniciado la investigación para determinar la tipicidad de los hechos, aunque ya descartaba la existencia de delito.

Sin embargo, en un decreto posterior, tres días después, el fiscal jefe ha archivado las diligencias al no encontrar indicios de delito en los hechos comunicados por la denuncia. Según la fiscal designada para conocer las diligencias, el núcleo de la denuncia se centraba en el retraso en la realización de un número considerable de mamografías, pero este hecho aún está sujeto a investigación interna para confirmar sus causas y efectos.

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La fiscal destaca que, en el momento actual, este retraso se interpreta como una disfunción grave debido al elevado número de personas afectadas, sin que se puedan establecer consideraciones culpabilísticas o consecuencias personales concretas relacionadas con la comisión de un delito. Por lo tanto, sugiere que corresponde a los órganos administrativos competentes evaluar el origen y resultados del mencionado retraso, y no al Ministerio Fiscal, a menos que se presenten indicios concretos de la comisión de un delito.

En consecuencia, se propone al fiscal jefe el archivo de las diligencias, decisión que este adopta basándose en el dictamen emitido. Además, se informa a la Asociación Defensor del Paciente de que, aunque este archivo sea irrecurrible, siempre tiene la opción de presentar nuevamente su denuncia ante el órgano judicial competente.

La presidenta de la entidad, Carmen Flores, expresa su desconcierto ante este archivo, especialmente después de haberle comunicado la apertura de diligencias preprocesales con la asignación de un Fiscal apenas un día antes. Flores justifica la denuncia argumentando que fue el actual Consell el que informó sobre la situación y cuestiona por qué no se exige ninguna explicación al Gobierno valenciano para conocer los fundamentos de esta «denuncia pública». Asimismo, pone en duda si poner en riesgo a las personas debido a la falta de prevención no constituye un delito, ya que podría resultar en consecuencias fatales.