La Guardia Civil investiga a dos personas por emitir certificados falsificados de control de plagas en bares, restaurantes y supermercados de la Comunitat Valenciana.
El Seprona de la Guardia Civil de Castellón, en colaboración con la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública de Castellón, descubrió diversas irregularidades en la emisión de certificados de control de plagas (desinsectación, desratización y desinfección) en varios establecimientos públicos, principalmente bares, restaurantes y supermercados, a lo largo de toda la Comunitat Valenciana. Como resultado, se ha investigado a dos personas por su presunta participación en delitos contra la salud pública, estafa y falsedad documental.
El control de plagas es obligatorio en establecimientos donde se manipulan alimentos y se realiza de forma periódica para minimizar los riesgos que afectan la seguridad alimentaria, garantizando así un alto nivel de protección para la salud de los consumidores. Las empresas certifican la aplicación de estos tratamientos para acreditar que han llevado a cabo las medidas necesarias para el control de plagas.
Este certificado, que es un modelo oficial con las formalidades requeridas por la Consellería de Sanidad Universal y Salud Pública, debe ser expedido por empresas inscritas en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas (ROESB). Esta actividad debe contar con personal cualificado para la aplicación de productos químicos utilizados en el control de plagas, así como con personal encargado de la dirección y supervisión de la correcta aplicación de estos productos biocidas.
La revisión documental de esta actividad permitió al Seprona concluir que los investigados realizaban aplicaciones de biocidas y emitían certificados en nombre de una empresa que no estaba inscrita en el Registro Oficial de Establecimientos y Servicios Biocidas. Esta empresa no estaba constituida y, por lo tanto, era inexistente.
Por otra parte, se ha determinado que la facturación de los servicios prestados se realizaba de forma irregular para evitar ser detectados por la hacienda pública. Además, los certificados emitidos en el marco de esta actividad suplantaban la identidad de personas con capacidad legal para supervisar y dirigir los tratamientos, pertenecientes a otras empresas del sector.
En un caso concreto, la identidad suplantada correspondía a una persona que había fallecido varios años atrás.
Una de las figuras suplantadas, la del director responsable de los tratamientos, resultó en la falta de evaluación previa de riesgos, la aplicación irregular de los tratamientos y la ausencia de condiciones de seguridad establecidas por la legislación vigente. Esto generó un grave riesgo para la salud pública.
Los usuarios de estos servicios, que desconocían estos hechos, se sumaron a la denuncia como afectados y han colaborado en todo momento con la Guardia Civil durante la investigación.
Es importante recordar que estos servicios se realizan en establecimientos abiertos al público, donde hay presencia, manipulación y consumo de alimentos. Por ello, es crucial que el personal encargado de estas actividades en el ámbito fitosanitario cuente con un alto estándar de conocimientos y una titulación específica, garantizando un manejo y aplicación seguros para evitar riesgos a la salud pública.
Los investigados se aprovechaban de la falta de aplicación de estos requisitos para llevar a cabo la actividad a un costo inferior al de las empresas que cumplían con las normativas establecidas.
