La huelga se convoca en defensa de los Servicios Sociales Públicos, el diálogo social y unas condiciones laborales dignas para los profesionales del sector.
UGT Serveis Públics del País Valencià ha anunciado una huelga para el próximo 19 de febrero en todos los programas, servicios y centros de gestión indirecta del sistema público valenciano de servicios sociales. El sindicato busca presionar al Consell de Carlos Mazón para que garantice «un salario digno» para las plantillas del sector y denunciar la «precariedad laboral que afecta tanto al personal como a la ciudadanía receptora del servicio».
UGT ha señalado el «incumplimiento por parte del gobierno de Mazón de la normativa laboral en materia de retribuciones», acusándolo de no financiar adecuadamente la acción concertada y los contratos públicos. Según el sindicato, esta falta de financiación se traduce en que no se están tomando como referencia los salarios establecidos en los acuerdos interprofesionales de mejora de las condiciones laborales, publicados en 2023.
Estos acuerdos, según ha explicado UGT, tienen la misma naturaleza jurídica que un convenio colectivo y son de «obligado cumplimiento» en el sector. Sin embargo, la Generalitat Valenciana mantiene «prácticamente la totalidad» de los contratos públicos de gestión de los centros y servicios caducados, lo que impide la actualización salarial de los profesionales.
Se supera, incluso, en un año y medio, la deuda del anterior Consell, lo que supone un enriquecimiento para la administración a costa de las personas trabajadoras y de la atención a las personas usuarias.
Ha denunciado el sindicato.
Además de este incumplimiento, UGT ha criticado al Consell por modificar la normativa sectorial y su desarrollo reglamentario con el objetivo de «reducir las ratios de profesionales de los Servicios Sociales» y «abrir la puerta, por primera vez en democracia, a la privatización de los Servicios Sociales municipales».
El sindicato también ha señalado que el Consell ha «aparcado el diálogo social», afirmando que, a pesar de las declaraciones públicas, no se están convocando todos los órganos de participación establecidos por la normativa. Esta situación vulnera, según UGT, la participación de los agentes sociales.
Exigencias al Consell y a las empresas
UGT ha planteado una serie de demandas para resolver la situación actual. En primer lugar, ha exigido que las empresas y entidades del sector cumplan con el pago de los salarios mínimos establecidos en los acuerdos interprofesionales y que la Generalitat financie estos pagos.
En segundo lugar, el sindicato ha solicitado a la Conselleria de Servicios Sociales que saque a licitación los contratos públicos caducados y revise los módulos económicos de la acción concertada, para que los salarios de los profesionales del sector no permanezcan congelados y puedan ajustarse a lo estipulado en los acuerdos interprofesionales.
En tercer lugar, UGT ha pedido que el Consell «rectifique y revierta la reciente reducción normativa de las ratios de personal de la atención a la dependencia» y garantice las ratios actuales en el resto del sistema. También ha exigido la eliminación de los cambios normativos que suprimen la reserva de gestión directa de los servicios sociales municipales.
Declaraciones de María Navarro
La responsable de Política Social de UGT Serveis Públics, María Navarro, ha señalado que el gobierno de Mazón «está incumpliendo la normativa laboral ignorando los Acuerdos Interprofesionales firmados con el anterior Consell».
«La práctica totalidad de los contratos públicos están caducados y no salen las nuevas licitaciones. Además, y por la puerta de atrás, se modifican normas tan importantes como la Ley de Servicios Sociales y el Decreto de Tipologías, y no se convocan los órganos de participación», ha denunciado Navarro.
Finalmente, ha enfatizado que la convocatoria de huelga es necesaria «en defensa de los Servicios Sociales Públicos, del Diálogo Social y de condiciones dignas para los y las profesionales», así como para garantizar la calidad de unos servicios que constituyen un derecho fundamental de la ciudadanía.
