• La diputada Llanos Massó registra una Proposición No de Ley (PNL) a adherirse al manifiesto ´Más plurales, más libres, más iguales’, de la Plataforma Concertados
- Reclaman reuniones con toda la comunidad educativa y grupos políticos para redactar un nuevo proyecto de ley que cuente con el mayor consenso posible
La portavoz adjunta del Grupo Parlamentario VOX Comunidad Valenciana, Llanos Massó, ha registrado hoy una Proposición No de Ley (PNL) en la que insta al Consell de Ximo Puig a exigir al Gobierno de Pedro Sánchez que paralice la tramitación de la Ley Celaá que elimina el español como lengua vehicular en los centros educativos de España.
Massó reclama, además, al Consell que establezca un calendario de reuniones con toda la comunidad educativa y con los grupos políticos en aras de redactar un nuevo proyecto de ley que cuente con el mayor consenso posible, así como la adhesión por parte del Gobierno autonómico valenciano al manifiesto ‘Más plurales, más libres, más iguales’ lanzado por la Plataforma Concertados, que engloba a los centros concertados a nivel nacional.
VOX insiste en que en la elaboración de la Ley Celaá no ha habido ningún trámite de consultas o debate con los organismos, organizaciones y agentes sociales afectados. Se trata de un proyecto de ley que se ha hecho de espaldas a las familias y que coarta la libertad de los padres para elegir la educación que quieren para sus hijos, tal y como garantiza la Constitución sobre el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos fundamentales y libertades públicas.
“Este proyecto legislativo no garantiza la libertad ideológica reconocida en nuestra Constitución y vulnera radicalmente principios y derechos fundamentales proclamados y reconocidos en la Carta Magna, con especial referencia a la flagrante inobservancia del art. 27.3, que obliga a los poderes públicos a garantizar el derecho de unos padres a educar a sus hijos conforme a sus propias convicciones morales y religiosas”.
Massó insiste la normativa proyectada quebranta claramente el principio de unidad de la Nación porque da cobertura legal a la ausencia del español en las aulas de Cataluña, País Vasco, Galicia, Baleares y Comunidad Valenciana; no garantiza las horas mínimas de español; no atiende las reclamaciones de los padres que se defienden de esta imposición de la lengua regional; y hace caso omiso a las denuncias de las asociaciones de padres que defienden el derecho de sus hijos a recibir las clases en español.
Asimismo, la iniciativa lamenta el adoctrinamiento en las aulas y que se despoje a la asignatura de Religión de todo valor académico. Además, este proyecto de ley tampoco aborda la reforma de la Formación Profesional para que se convierta en una alternativa real y efectiva a la formación universitaria.
