Los poderes públicos no pueden violentar la libertad de los ciudadanos imponiéndoles por ley una concreta ideología oficial con la excusa de la no discriminación de las personas por razón de la percepción de la propia sexualidad.
VOX pone de manifiesto la utilización de la Ley 8/2017, de 8 de abril, para que la Generalitat Valenciana y el Gobierno Municipal de Castellón asuman una concreta ideología, renunciando así a la neutralidad ideológica propia de los poderes públicos, con el consiguiente riesgo cierto para la libertad de aquella parte de la sociedad que no comparte esa ideología, que pasa a ser la única oficial e impuesta.
Si hasta la entrada en vigor de dicha Ley, en la Comunidad Valenciana las opiniones sobre la sexualidad pertenecían al ámbito de la libertad de pensamiento e ideológica de los ciudadanos, en la actualidad existe una visión de la sexualidad que ha sido asumida por el poder público y, en consecuencia, los ciudadanos que no comparten esa concreta visión o ideología ven restringida su libertad de pensamiento y de expresión en la materia.
Luciano Ferrer, concejal de VOX: “La distribución de los libros, por su contenido, contraviene varios artículos de nuestra Constitución, al margen de no ser nada adecuados para la edad de los alumnos a los se han dirigido”
Concretamente, VOX solicita en la iniciativa que se inste a la Concejalía de Feminismo y LGTBI a la retirada de los libros de temática LEGTBI distribuidos en once centros de enseñanza secundaria de Castellón de la Plana, por contravenir los artículos 14, 16.-1, 16.-2, 20.-4, y 27.-3, de la Constitución Española y ser inapropiados para la edad de los alumnos para los que ha sido distribuidos.
VOX también menciona un argumento muy de actualidad: Si los poderes públicos se preocupan tanto de los menores, hasta el punto de protegerlos de la publicidad de determinados alimentos o bebidas que pueden provocar sobrepeso, ¿no tienen derecho los niños y adolescentes a que se respete el ejercicio de su derecho a la libertad religiosa, protegiéndoles también frente agresiones como los textos de los libros?
“No nos cansaremos de exigir que retiren sus manos de nuestros hijos, los poderes públicos, como ordena la Constitución, deben garantizar el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus propias convicciones”, concluye Ferrer
