Benicàssim exige la suspensión de las desocupaciones de Costas en solidaridad con los municipios vecinos de la provincia.
El Pleno del Ayuntamiento de Benicàssim, en su sesión celebrada hoy, ha aprobado una solicitud al Gobierno de España para que se paralicen las desocupaciones de las viviendas en la costa de los municipios vecinos de la provincia de Castellón. La moción fue respaldada por los votos a favor del Grupo Municipal Popular, PSOE y VOX, mientras que Compromís y el concejal no adscrito se abstuvieron.
La solicitud también insta al Congreso de los Diputados y al Gobierno de España a reformar la vigente Ley 22/1988, de 28 de julio de Costas, con el objetivo de mejorar “la conciliación entre la protección del dominio público marítimo-terrestre con los derechos consolidados de los ocupantes y el reconocimiento del valor etnológico, cultural e histórico de los núcleos de población costeros tradicionales para otorgarles protección”, tal como ha declarado la alcaldesa de Benicàssim, Susana Marqués.
La concejal responsable de Playas, Elena Llobell, ha defendido la postura del Ayuntamiento, señalando que “la batería de medidas de prevención necesarias en la costa castellonense se desarrolló en el ejercicio 2015, con un plan estratégico que establecía las prioridades y que se dotó presupuestariamente en 2017 con el Gobierno de Mariano Rajoy. Desde entonces, solo cinco se han iniciado u anunciado, la inmensa mayoría están por realizarse, lo que demuestra la falta de compromiso con nuestra provincia”. Ha recordado.
En particular, los vecinos de Torre la Sal, en el municipio de Cabanes, ya han recibido notificaciones de la Dirección General de Costas, en las que se les informa que se desestiman los recursos de alzada interpuestos contra la resolución de Costas, que acordaba la recuperación posesoria de sus viviendas por estar en dominio público marítimo-terrestre. Esta decisión pone fin a la vía administrativa y solo deja la posibilidad de acudir a la vía judicial para impedir el desahucio de los propietarios del centenar de viviendas que forman parte del pueblo marítimo de Torre la Sal.
Aunque las desocupaciones no comportarán beneficio medioambiental alguno para el litoral, el procedimiento de recuperación posesoria por ocupación y uso de este espacio comenzó en mayo de 2021.
Llobell también recuerda que, en julio de ese mismo año, la decisión fue ratificada por el Servicio Provincial de Costas de Castellón, que rechazó todas las alegaciones presentadas por los vecinos de Torre la Sal. Los propietarios presentaron recursos de alzada, pero la resolución llega tres años después de que los afectados presentaran dichos recursos y cuatro años desde que recibieron la notificación de apertura del expediente en 2021.
En cuanto a la situación actual, Elena Llobell ha afirmado,
Los vecinos solo tienen dos meses para preparar y presentar un contencioso-administrativo contra el Ministerio, lo que supone una flagrante desigualdad para defender su propiedad privada.
«Se trata de una acción destructiva contraria al derecho internacional, una política que ya ha sido denunciada por el Parlamento Europeo y el propio Consejo de Estado, que han sugerido una reforma sustancial de la actual Ley de Costas, porque ha demostrado, entre otras cuestiones, no servir para proteger la Costa y haber dejado en indefensión jurídica a los ciudadanos.” Insiste.
Por su parte, Susana Marqués ha subrayado que “todo esto se basa en una Ley de Costas, vigente desde 1988, que ha fracasado, generando una gran inseguridad, una profusa conflictividad social y judicial e incluso incumple las recomendaciones de revisión propuestas por las instituciones europeas. Se hace necesario proteger el dominio público en los términos del artículo 132 de la Constitución Española, junto con otros derechos constitucionales, como la seguridad jurídica o el derecho a la propiedad privada”.
Marqués también destacó que el actual Consell de la Generalitat Valenciana ha presentado un anteproyecto de Ley de protección y ordenación de la costa valenciana, que tiene como objetivo proteger el patrimonio del litoral y los núcleos costeros tradicionales, reconociendo el valor etnográfico que poseen. Concluye la alcaldesa.
