La Concejalía de Vivienda refuerza su servicio de atención y asesora sobre las medidas aprobadas por el Gobierno a través del 010
La Concejalía de Vivienda del Ayuntamiento de Castellón ha recibido en una semana 120 consultas sobre las ayudas del Gobierno aprobadas en materia de vivienda ante la emergencia del coronavirus. La Oficina Municipal de Vivienda ha ampliado sus servicios de asesoramiento por el Decreto de Alarma y realiza una labor de asesoramiento sobre las medidas del Ejecutivo central referentes a la moratoria en el pago de hipotecas y a la línea de protección del alquiler.
La concejala de Vivienda, María Jesús Garrido, destaca “que las Administraciones públicas han de coordinar esfuerzos para dar cobertura social a las personas afectadas por la situación económica derivada de la pandemia de la covid-19”, y subraya que el departamento de Vivienda ha puesto a disposición sus servicios de asesoramiento para que la ciudadanía pueda informarse de las ayudas del Gobierno.
Garrido resalta que la Oficina Municipal de Vivienda mantiene, al mismo tiempo, su gestión ordinaria en cuanto al servicio de mediación conveniado con el Colegio de Abogados para asesorar a los hogares respecto a problemas en el pago de hipotecas o del alquiler.
Cabe recordar , ante el cierre del servicio presencial por las medidas de confinamiento, los ciudadanos que deseen contactar con la Concejalia de Vivienda pueden hacerlo a través del 010. En el número telefónico dejarán sus datos y desde la Concejalía o el servicio de mediación del Colegio de Abogados se pondrán en contacto e informará de las condiciones, trámites y documentación que necesitan.
La moratoria en el pago de hipotecas cubrirá a las personas desempleadas o autónomos han cesado su actividad en el Estado de Alarma o que han registrado una reducción notable de sus ingresos. En el alquiler, el decreto del Gobierno recoge la suspensión de los desahucios sin alternativa habitacional durante 6 meses, ayudas extraordinarias y microcréditos sin intereses a 6 años para pagar el alquiler. Además, los grandes tenedores deberán hacer a sus inquilinos una quita de un 50 % o una reestructuración de la deuda en 3 años, el Estado asumirá la deuda de los inquilinos que no salgan de la vulnerabilidad, y habrá una prórroga de 6 meses de los contratos a punto de vencer para evitar subida. Pueden optar desempleados, trabajadores afectados por un ERTE o que han reducido su jornada laboral, o autónomos o empresarios que han cesado su actividad o han sufrido pérdida de ingresos.
