Diputación aumenta un 127% el presupuesto para asumir la nueva tasa de residuos

La Diputación Provincial de Castellón ha decidido hacer frente a la nueva tasa de residuos impuesta por el Gobierno, incrementando en un 127% su presupuesto destinado a la gestión administrativa de este tributo en 59 municipios. La presidenta de la Diputación, Marta Barrachina, ha explicado que para el próximo ejercicio, la institución provincial destinará 3,2 millones de euros para la licitación de tres contratos que ofrecerán cobertura a 59 municipios, en comparación con los 40 que se gestionaban anteriormente y que representaban un presupuesto de 1,4 millones de euros.

Hasta el momento, la Diputación contaba con una encomienda de gestión compuesta por tres contratos destinados a la gestión de residuos de 40 municipios. Con la nueva estructura, estos contratos agruparán a municipios de las zonas de Alto Mijares (6 municipios), Alto Palancia (28 municipios) y Ports – Alt Maestrat (25 municipios). De este modo, la Diputación ampliará su cobertura a un total de 59 municipios, lo que supone un aumento del 47,5%. La inversión total será de 3.225.000 euros, lo que equivale a un incremento del 127%.

Marta Barrachina ha subrayado: “Vamos a ayudarles a gestionar sus residuos para reforzar los municipios y mejorar sus servicios.” Además, se amplía la encomienda de gestión para permitir la adhesión de municipios con menos de 20.000 habitantes. Hasta la fecha, 17 municipios han formalizado su solicitud para unirse a este sistema, lo que podría aumentar el total a 76 en el futuro. La presidenta ha añadido que hasta 127 municipios de la provincia podrían beneficiarse de la encomienda de gestión. “Esta ampliación nos permite fortalecer nuestra red de apoyo y responder de manera más efectiva a los desafíos a los que se enfrentan estos municipios”, indicó.

Durante su intervención, Marta Barrachina expresó su rechazo a la nueva tasa, que afectará a los 135 municipios y más de 600.000 vecinos de la provincia. “Para comprender la magnitud del problema, es fundamental comenzar desde el principio”, afirmó, señalando que, debido a una decisión del Gobierno Central, todos los ayuntamientos estarán obligados a cobrar una tasa de residuos a sus vecinos. “Una medida recomendada por la Unión Europea pero presentada como obligatoria por el Gobierno de España, impuesta sin que los ayuntamientos hayan recibido las herramientas necesarias para gestionarla adecuadamente”, lamentó Barrachina. Esta situación está generando grandes dificultades para muchos ayuntamientos, especialmente para los más pequeños, que no cuentan con la capacidad económica, técnica ni jurídica suficiente para afrontar esta nueva carga.

“Desde la Diputación comprendemos la carga que esta obligación representa para nuestros municipios, y nuestra prioridad es estar al lado de los ayuntamientos, ya que entendemos que no pueden afrontar esta nueva exigencia sin los recursos necesarios”, añadió la presidenta.

A través de las medidas anunciadas, la institución provincial ofrece a los municipios la opción de delegar la gestión de la nueva tasa de residuos en la Diputación, que se encargará de la recaudación directamente. “Nuestro servicio de recaudación se ocupará de todo el proceso y transferirá los fondos correspondientes a cada ayuntamiento, liberándolos de la carga administrativa que supone esta tarea”, explicó Marta Barrachina. Subrayó que “esta medida es especialmente importante para los municipios pequeños, que suelen carecer de personal y de los recursos necesarios para manejar estos trámites.” Además, mencionó la complejidad de crear una ordenanza para una tasa que muchos ayuntamientos no saben realmente cómo aplicar.

En conclusión, Marta Barrachina afirmó: “Desde la Diputación no nos quedaremos de brazos cruzados e iremos de la mano con los ayuntamientos y mancomunidades para facilitar este proceso que todos debemos afrontar.”

Adicionalmente, el Gobierno Provincial presentará una moción en el pleno del próximo martes 22 de octubre para expresar su rechazo a que el coste total de la nueva tasa de basura impuesto por el Gobierno repercuta en la ciudadanía y solicitará una moratoria. La moción instará al Gobierno de España a aprobar una moratoria en la aplicación de lo establecido en el artículo 11.3 de la Ley 7/2022 de 8 de abril de residuos y suelos contaminados, hasta que se establezcan criterios claros que sirvan de guía para que todos los ayuntamientos impongan la tasa. También se exigirá al Gobierno Central que replantee o estudie métodos de transición más flexibles y que ofrezca ayudas e instrumentos financieros a los ayuntamientos, para que el impacto no recaiga completamente sobre los ciudadanos.

Asimismo, la Diputación de Castellón reiterará su oposición a que se repercuta el 100% del coste de la recogida de residuos en la ciudadanía e instará al Gobierno de España a considerar las peticiones y el posicionamiento de todas las administraciones locales que también se oponen a esta medida.