El Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya rechazó una de las medidas incluidas en esta norma de libertad educativa.
El Pleno del Tribunal Constitucional ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por Compromís, que logró reunir las firmas de cincuenta diputados del Congreso de los Diputados, en relación con diversos apartados de la Ley 1/2024, de 27 de junio, de la Generalitat, que regula la libertad educativa.
En una providencia fechada el 19 de noviembre, el Tribunal, a propuesta de la Sección Tercera, ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad sobre los artículos 3, apartados 5 y 8; artículo 4, apartado 1; artículo 5, apartados 1, 3 y 4; artículo 6, apartados 1 y 5; artículo 7, apartado 5; artículo 8; artículo 9; artículo 10; artículo 11, apartado 5; artículo 12, apartados 3 y 4; artículo 13; artículo 17; artículo 18; artículo 19, apartado 2.c); artículo 20, apartado 1; y disposición adicional cuarta de la mencionada ley.
El Tribunal ha acordado remitir la demanda y los documentos presentados al Congreso de los Diputados y al Senado, a través de sus presidentes, así como al Gobierno, por medio del ministro de Justicia, y a Les Corts Valencianes y al Consell, a través de sus presidentes, para que, en un plazo de 15 días, puedan personarse en el proceso y presentar las alegaciones que consideren pertinentes.
Por último, el Tribunal Constitucional ha denegado la suspensión solicitada en la demanda y ha indicado que se publicará la incoación del recurso en el Boletín Oficial del Estado y en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.
Este recurso fue presentado el 25 de septiembre, impulsado por Compromís, y contó con el apoyo de cincuenta diputados y diputadas—el mínimo requerido para presentar un recurso desde el Congreso—de la propia coalición valencianista, Sumar, Podemos, Bildu, ERC, Junts y BNG, al considerar que la ley vulnera los derechos lingüísticos del alumnado reconocidos en el Estatuto de Autonomía, la Constitución Española y varias leyes educativas de rango superior.
Compromís exige «paralizar» la normativa
Desde Compromís, su portavoz en el Congreso de los Diputados, Àgueda Mico, ha afirmado que, con la admisión a trámite de este recurso, queda demostrado que «cuantas más instituciones tengamos representación, más fuerza podemos hacer para impulsar acciones como esta«.
«Sin haber unificado los apoyos de varios grupos parlamentarios del Congreso, nunca hubiésemos podido presentar este recurso, que consideramos una de las acciones más contundentes que podemos emprender para conseguir que una ley tan nefasta sea anulada», ha señalado Micó, según un comunicado de la formación.
Por su parte, el portavoz de Educación de la coalición en Les Corts Valencianes, Gerard Fullana, se ha mostrado «muy satisfecho» por la admisión a trámite del recurso, pues, en su opinión, «esto significa que existen indicios claros de inconstitucionalidad en la Ley Educativa de Mazón«.
«Por lo tanto, esta ley debe ser paralizada y no puede cambiar el sistema educativo mientras un tribunal tan importante va a examinar las posibles ilegalidades de la normativa», ha asegurado. «Somos muy críticos con que Mazón haya acelerado uno de los aspectos de esta ley a través de un trámite de urgencia esta misma semana, con todo lo que está ocurriendo, y lo haya hecho para desviar la atención de las graves responsabilidades que tiene en la catástrofe de la dana«, ha añadido Fullana.
En este sentido, ha precisado que se trata de «la exposición pública para impulsar el referéndum de lengua, que pretende que 800.000 familias valencianas, en algunos casos, pierdan el programa educativo que deseaban y, en otros, matriculen a ciegas a sus hijos el próximo curso«, lo que ha calificado como «un mecanismo trampa para que las familias ‘elijan’ la lengua en que quieren que estudien sus hijos e hijas«.
«Pantomima burda»
Ni una sola familia podrá garantizar la elección del modelo educativo.
«El texto demuestra que es una pantomima burda, bajo la bandera de la libertad, y cuando lo lees detenidamente, te das cuenta de que lo único que se asegura es que ni una sola familia tendrá garantizada la elección de modelo educativo al momento de la matrícula; es una estafa», ha denunciado el diputado valencianista.
En esta línea, ha resaltado que la propuesta «convierte a las escuelas públicas en un caos absoluto«, ya que «cada año se repetirán los referéndums y cada curso podrá tener modelos diferentes, lo que hará imposible la coordinación de ciclos o programas como Xarxa Llibres«.
Por otro lado, ha señalado Fullana, «en los centros concertados no se llevarán a cabo los referéndums ilegales y serán las direcciones de los centros las que decidirán los proyectos«. «Las familias de los centros concertados serán las únicas que conocerán el proyecto educativo del centro antes de matricular a sus hijos«, ha afirmado.
Desde la coalición valencianista han advertido que la nueva ley educativa «obliga a las familias valencianas a matricular a sus hijos para el próximo curso sin saber en qué lengua recibirán las clases» e «impide que el alumnado de zonas castellanohablantes pueda aprender en valenciano y dominar las dos lenguas oficiales«.
El TSJCV la rechaza
«La ley del PP permite que haya profesorado sin formación para dar clases en valenciano de asignaturas no lingüísticas, lo que vulnera el derecho del alumnado a recibir clases en valenciano en otras asignaturas», han insistido, recordando que «existen precedentes judiciales en contra de buena parte del articulado de esta ley, a través de siete sentencias, tanto del Tribunal Constitucional como del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana«.
Asimismo, han señalado que el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana ya rechazó una de las medidas incluidas en esta norma, pues permitir que cada alumno elija en qué lengua quiere hacer los exámenes «atenta contra el objetivo de adquisición de conocimientos que deben vincularse con la lengua oficial en la que se imparte una asignatura«.
