El Tribunal Constitucional cuestiona si las comunidades autónomas tienen la capacidad para recurrir la Ley de Amnistía y solicita un informe al respecto.
El Tribunal Constitucional está evaluando si las comunidades autónomas tienen la legitimidad para recurrir la Ley de Amnistía y si dicha norma impacta en su «ámbito de autonomía». Para tomar una decisión sobre si los recursos presentados deben ser admitidos a trámite, el tribunal ha solicitado un informe que será crucial en este proceso.
Según fuentes jurídicas, el tribunal ha expresado dudas respecto a los 16 recursos presentados por las comunidades autónomas. De estos, 15 provienen de regiones gobernadas por el PP, además del recurso del Gobierno de Castilla-La Mancha.
Estas fuentes aclaran que solicitar un informe no es un procedimiento excepcional; cuando una región presenta un recurso ante el Constitucional, el primer paso es verificar si cumple con los requisitos necesarios para su admisión, tal como lo establece la ley.
Conforme a la Ley del Tribunal Constitucional y a la Constitución, uno de los requisitos para que una comunidad autónoma impugne una ley estatal es que dicha ley tenga un impacto en su ámbito de autonomía. Por lo tanto, la viabilidad de los recursos contra la Ley de Amnistía dependerá de si se cumple este criterio.
Aunque no es común que las comunidades autónomas revisen leyes estatales, esto no significa que el procedimiento sea inusual. Se debe evaluar si estas entidades tienen la competencia para presentar tales recursos, según indican las fuentes.
El recurso presentado por las Cortes de Aragón, asignado a la magistrada progresista Laura Díez, será el primero en tratar esta cuestión y, por tanto, establecerá el precedente para los demás casos. Se elaborará un informe de admisibilidad que será sometido al Pleno del Tribunal Constitucional, el cual tendrá la última palabra sobre la admisión de los recursos.
Las fuentes destacan que el tribunal no ha suspendido ni pospuesto los recursos; simplemente está cumpliendo con los plazos y requisitos establecidos para su estudio. Solicitar este informe es una parte normal del proceso antes de decidir sobre la admisión de los recursos.
En total, el Tribunal Constitucional está revisando las impugnaciones presentadas por los doce gobiernos autonómicos del PP (Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Galicia, Aragón, Murcia, Castilla y León, Baleares, Extremadura, Cantabria y La Rioja) y tres parlamentos autonómicos con mayoría del mismo signo: Aragón, Murcia y Cantabria.
Varios de los recursos incluyen solicitudes para recusar al presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, a la magistrada Laura Díez y al exministro de Justicia y magistrado Juan Carlos Campo, quien ya ha sido apartado tras aceptar su abstención por parte del Pleno.
Si estas recusaciones fueran aceptadas, podrían alterar el equilibrio actual entre los bloques progresista y conservador del tribunal, favoreciendo al grupo que, en principio, tiende a ser más inclinado a considerar la ley como inconstitucional.
Además de estos recursos, el Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por Emiliano García-Page, ha presentado su propio recurso ante el Tribunal Constitucional. Este es el único recurso del PSOE en el contexto actual.
Fotografía portada: X @TConstitucionE
