La ONU insta al Gobierno de España a tomar medidas alertando sobre la invisibilización de graves violaciones de Derechos Humanos del régimen franquista.
La ONU ha instado al Gobierno de España a que tome medidas para preservar la memoria histórica frente a las leyes de concordia promovidas por PP y Vox en Aragón, la Comunitat Valenciana y Castilla y León.
Los relatores de Naciones Unidas han expresado esta preocupación en respuesta a la denuncia presentada por el Gobierno contra las denominadas «leyes de concordia» implementadas en estos tres territorios donde PP y Vox forman coalición. El Ejecutivo central llevó este asunto ante la ONU argumentando que estas normativas son contrarias a los principios establecidos en la Ley de Memoria Democrática aprobada en la pasada legislatura.
En el informe de la ONU se destaca que las leyes de «concordia» aprobadas o propuestas para su aprobación en las comunidades autónomas de Aragón, Castilla y León, y Valencia, podrían comprometer la obligación del Estado español, así como de sus instituciones nacionales y locales, en materia de Derechos Humanos. Específicamente, se señala,
La obligación de garantizar la preservación de la memoria histórica sobre las graves violaciones de los Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista.
Después de examinar los proyectos impulsados por PP y Vox en estas comunidades autónomas, los tres relatores han instado al Gobierno de Pedro Sánchez a tomar,
Todas las medidas necesarias para garantizar el estricto respeto de los estándares internacionales de los Derechos Humanos en lo que respecta a la preservación de la memoria histórica de las graves violaciones de derechos humanos.
Explican que estas leyes «ordenan la supresión de múltiples entidades, proyectos, sitios web y actividades relacionadas con la memoria histórica», lo que podría «limitar el acceso a la verdad» sobre el destino o paradero de «las víctimas de graves violaciones de Derechos Humanos». Además, estas leyes podrían «invisibilizar las graves violaciones de Derechos Humanos cometidas durante el régimen dictatorial franquista, omitiendo mencionar o condenar dicho régimen».
También resaltan la importancia de no discriminar entre tipos de víctimas al reconocer y buscar justicia y reparación para las mismas. Sin embargo, señalan,
Las leyes de concordia podrían llevar a equiparar las violaciones cometidas durante la dictadura franquista y la guerra civil a un grupo heterogéneo de crímenes o violaciones cometidas por diferentes actores, estatales y no estatales, a lo largo del siglo XX en España, lo que podría restar reconocimiento a las centenas de miles de personas que murieron en ejecuciones extrajudiciales y desapariciones forzadas durante el régimen de Francisco Franco.
Por esta razón, han subrayado que es responsabilidad de «todos los poderes del Estado«, incluyendo el ejecutivo, legislativo y judicial, así como de «todas las entidades gubernamentales» a nivel nacional, regional o local, «cumplir con la obligación de proteger los derechos humanos, incluida la obligación de garantizar la preservación histórica de la memoria de graves violaciones de derechos humanos«.
Reiteramos además que esas medidas deben dirigirse a mantener viva la memoria colectiva y, especialmente, evitar la aparición de tesis revisionistas y negacionistas. Estas leyes, ya sean propuestas o aprobadas, obstaculizarían el derecho a conocer la verdad y el derecho a la libertad de asociación.
Argumenta el informe.
Los firmantes del documento son el relator especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Fabian Salvioli; la presidenta del Grupo de Trabajo sobre las Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Aua Baldé; y el relator especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz.
Con este informe, las Naciones Unidas responden a la denuncia presentada por el Gobierno contra las leyes de concordia aprobadas por PP y Vox en Aragón y que están en proceso en Castilla y León y en la Comunitat Valenciana.
El Grupo por la Memoria Histórica celebra el informe de la ONU sobre las leyes de concordia: «Nos dan la razón»
El líder del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH) en la Comunitat Valenciana, Matías Alonso, ha recibido con satisfacción el informe de la ONU que insta a España a tomar medidas para proteger la memoria histórica frente a las leyes de concordia impulsadas por el PP y Vox en la Generalitat, así como por los gobiernos de Aragón y Castilla y León.
Alonso expresó su sorpresa ante este informe, destacando que respalda las objeciones que presentarán a la propuesta de ley que se está debatiendo en Les Corts.
Antes de participar en la comisión de Justicia para mostrar su oposición a la ley durante la fase de participación ciudadana, el presidente del GRMH denunció que el texto presentado por el PP y Vox carece de menciones a los compromisos del Estado español con la legislación internacional de Derechos Humanos.
Alonso recordó que estos compromisos conllevan importantes obligaciones hacia las víctimas del régimen franquista, las cuales tampoco son mencionadas en la proposición de ley.
Frente a esta situación, Alonso destacó la posición de la ONU como una buena noticia tanto para que el Gobierno continúe impulsando políticas a favor de la memoria democrática, como para las víctimas y las entidades que luchan junto a ellas contra estas visiones retrógradas.
Afirmó que, de aprobarse en su forma actual, la ley sería altamente regresiva, recortando severamente los derechos y tratando de desvanecer a un colectivo que nunca recibió ayuda ni experimentó concordia. Este es el problema, aseguró.
Mazón: «Ni siquiera habrán leído la ley valenciana»
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha resaltado que desde que asumió el cargo ha autorizado 422 exhumaciones de víctimas de la violencia de la «horrible dictadura franquista» y ha defendido que la ley de Concordia «afianza» los derechos de estas víctimas. Por ello, considera,
Quien redacta el informe de la ONU probablemente no ha leído la ley valenciana ni conoce la realidad de la Comunitat Valenciana.
Así lo expresó Mazón en declaraciones a los medios este viernes, donde afirmó no tener conocimiento de ningún informe de la ONU más allá de «la noticia de una posible filtración de un supuesto informe», y entiende que «si hay alguna referencia, en ningún caso se refiere a la ley valenciana ni al caso valenciano».
Para Mazón,
La ley de Concordia propuesta por el PP y Vox que actualmente se está tramitando en Les Corts no solo afianza los derechos de las víctimas de la dictadura franquista, sino también los de las víctimas de toda violencia política a las cuales también les asisten derechos.
En este sentido, ha destacado que durante su mandato se han iniciado 422 procesos de exhumación y ha enfatizado: «Las acciones hablan más que las palabras». Por lo tanto, ha subrayado que busca «reconocer, desarrollar y proteger los derechos de las víctimas del franquismo así como de las demás víctimas de violencia política». «Eso es la concordia», afirmó.
