En paralelo, se plantea la necesidad de asegurar un tiempo de atención conveniente que deje atajar los problemas médicos de salud mental y se amplían las actuaciones con la meta de desmedicalizar los trastornos mentales comunes.
Así se desprende de una de las enmiendas registradas de forma conjunta por los conjuntos parlamentarios del gobierno del Botànic (PSPV-Compromís-Unides Podem) a la ley de acompañamiento a los presupuestos autonómicos de dos mil veintitrés.
Específicamente, la propuesta establece que se garantizará la existencia de especialistas en salud mental dependiendo del número de habitantes de cada localidad, con perfiles profesionales como psiquiatras, psicólogos/as clínicos/as, enfermeros/as o trabajadores/as sociosanitarios.
Asimismo se incluye la obligación de que cada ambulatorio disponga de por lo menos un psicólogo/a clínico, en cumplimiento de las ratios mínimas recomendadas por los organismos europeos. No obstante, frente a la imposibilidad de contar con estos trabajadores en pequeñas poblaciones, se prevé la posibilidad que las funciones de atención a la salud mental las acepten psicólogos generales.
En paralelo, se plantea la necesidad de asegurar un tiempo de atención conveniente que deje atajar los problemas médicos de salud mental y se amplían las actuaciones con la meta de desmedicalizar los trastornos mentales comunes, impulsando la figura del psicólogo/a clínico/a en la atención primaria, priorizando los tratamientos psicológicos y agregando la preparación de «protocolos antipandemia» para sostener la atención a salud mental en frente de situaciones inusuales derivadas de crisis sanitarias.
LOS CONSUMIDORES NO PODRÁN SER DISCRIMINADOS POR LENGUA
Al lado de sanidad, otra de las enmiendas conjuntas establece que las personas usuarias valencianas no van a poder ser discriminadas por la lengua que empleen para dirigirse al personal de un establecimiento, como que en ningún caso se les va a poder negar la atención o percibir un servicio incorrecto por tal razón.
En la Ley de Memoria Democrática hay una enmienda para recalcar que el censo de víctimas va a ser de acceso público si dan su permiso o sus descendientes directos, como que el banco de ADN va a recoger datos de desaparecidos en la Guerra Civil para investigación e identificación genética.
REGISTRO DE SUELO DE PROTECCIÓN PÚBLICA
En materia de vivienda se plantea crear el registro de suelo de protección pública, en el que se anotarán todos y cada uno de los suelos destinados a la construcción de viviendas sometidas a régimen de protección pública, tanto los de titularidad pública como privada.
El propósito de este registro es «conseguir una mejor formulación y desarrollo de las políticas autonómicas de vivienda» y las personas que tengan suelo en este régimen, van a deber comunicárselo a la Generalitat.
Por otro lado, se agrega la posibilidad de que la Generalitat, consistorios o entidades del ámbito público instrumental actúen como agentes de rehabilitación en actuaciones que tengan circunstancias de carácter social, valor patrimonial o vulnerabilidad.
Con respecto a las cooperativas, se contempla que tanto la Generalitat como otras entidades públicas puedan ser parte como asociadas, con límites temporales y de representación en función de su tamaño.
Y en lo que se refiere a residuos, se plantea establecer un periodo transitorio de 3 años, hasta el momento en que se regule a nivel estatal, a fin de que las entidades responsables del servicio de recogida acepten los impuestos de vertidos e incineración.
