El presidente del Consell afirma que "el malgasto y descontrol" heredado del gobierno del Botànic requiere la realización de una auditoría 'forensic'.
El presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciado una auditoría integral de todo el sector público valenciano con el objetivo de poner fin al «malgasto y descontrol» que caracterizó la época del Gobierno del Botànic, según evidencian informes técnicos de la Sindicatura de Cuentas, la Intervención general de la Generalitat y la Dirección General de Fondos Europeos y Sector Público.
Mazón ha señalado como «crítica» la situación de las empresas, entidades y organismos públicos con la presencia de procedimientos de contratación irregulares, falta de control en la gestión de los recursos públicos, duplicidades en el gasto, así como retribuciones a directivos y trabajadores «colocados a dedo al margen de la ley y pagos a terceras personas sin control ni autorización».
El líder del Consell explicó que la auditoría incluirá diversas medidas, como una auditoría ‘forensic’ destinada a identificar de manera detallada posibles casos de fraude y gasto descontrolado en entidades específicas del sector público. En este sentido, afirmó,
Vamos a contar con los mejores profesionales para conocer el destino de cada euro y exigir, si es necesario, responsabilidades administrativas e incluso penales.
Asimismo, Mazón indicó que se llevará a cabo una auditoría operativa del sector público instrumental, destinada a destacar duplicidades, ineficiencias y la dirección general del conjunto de entidades.
En línea con esto, el presidente anunció que el Consell aprobará pronto el inicio del expediente para presentar en Les Corts Valencianes un proyecto de ley que «elimine seis entidades ya creadas», las cuales «el Botànic fue incapaz siquiera de poner en funcionamiento». Estas entidades desempeñan funciones que ya son llevadas a cabo por diversas direcciones generales de la Generalitat y que Mazón calificó como «empresas fantasmas«.
Estas entidades incluyen la Agencia Valenciana de la Energía, cuyas funciones ya realiza la dirección general de Energía del IVACE; la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad, labor que desempeña la dirección general de las TIC; la Agencia Valenciana de Información y Control Alimentarios, que ya llevan a cabo las direcciones generales de Industria y Cadena Agroalimentaria, y de Producción Agrícola y Ganadera; la Agencia Valenciana de Residuos y Economía Circular, cuya función realiza la empresa pública VAERSA; la Agencia Valenciana Cambio Climático, labores ya desempeñadas por la dirección general de Calidad y Educación Ambiental, y la Escuela Valenciana de Administración Pública, que desarrolla la dirección general de Función Pública.
Carlos Mazón ha enfatizado que el objetivo de este Consell es «poner fin al gobierno más costoso de la historia» y que la legalidad, el interés general, la eficacia, la eficiencia, la transparencia y el control del gasto sean los fundamentos de una nueva etapa en el sector público valenciano. «Se ha terminado el despilfarro de fondos públicos. Vamos a revelar toda la verdad a los valencianos», destacó el presidente de la Generalitat.
En este contexto, subrayó que la Comunitat Valenciana tiene el mayor déficit de España y la deuda pública en máximos históricos. Recordó que una de sus primeras medidas fue reducir el número de altos cargos y asesores de 116 a solo 63, generando un ahorro de más de 20 millones de euros en esta legislatura.
Irregularidades en materia de contratación
Carlos Mazón ha detallado que, según los informes técnicos, en el ámbito de la contratación, «el 92% del sector público no sigue los procedimientos de contratación pública establecidos por la Ley«. De las 54 entidades que conforman el Sector Público Instrumental, solo 4 han obtenido una evaluación positiva por parte de los auditores y de la Intervención de la Generalitat.
En los últimos cuatro años, el conjunto del sector público del Gobierno del Botànic adjudicó «a dedo» 253.122 contratos por un importe de 713 millones de euros. De esta cifra, 159 millones de euros corresponden a contratos menores, mientras que 554 millones de euros son gastos adquiridos sin tramitar expediente de contratación. Insiste el ‘President’.
Carlos Mazón considera que estas cifras «evidencian la falta de restricciones que caracterizó el gobierno de Ximo Puig y un descontrol en la contratación a dedo», ignorando en gran medida las recomendaciones de la Sindicatura de Cuentas, la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF) y la Oficina Independiente de Regulación y Supervisión de la Contratación.
«Gasto desmesurado en personal y descontrol en el área de tesorería»
Además, en lo que respecta al personal, los datos de la Intervención de la Generalitat indican que la plantilla del sector público aumentó un 35% durante el gobierno de Ximo Puig, mientras que el gasto en personal de las empresas públicas se incrementó en un 47%.
Solo en el año 2021, se llevaron a cabo más de 4.000 contrataciones de personal que no contaban con la autorización de la Dirección General de Presupuestos. Como ejemplo, la empresa pública SGISE, encargada de la gestión de servicios de emergencias y controlada por el PSPV, intentó introducir 1.800 nuevos empleos públicos a las puertas del 28-M.
En el ámbito de tesorería, en 22 de las 48 entidades sujetas a verificación por parte de la Intervención General y auditorías, se realizaron pagos «sin la autorización de la persona correspondiente o incluso pagos a cuentas bancarias no identificadas debidamente», según indicó Mazón.
Finalmente, el presidente de la Generalitat explicó que el proceso administrativo de la auditoría operativa comenzará en el primer trimestre de 2024. El calendario incluirá dos informes intermedios y un informe final que detallará el trabajo realizado y las principales conclusiones.
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