Cientos de agricultores y tractores de AVA-ASAJA y CCPV-COAG reclaman en Valencia medidas urgentes al Gobierno.
Decenas de tractores y cientos de manifestantes se reunieron hoy en Valencia, frente a la Delegación del Gobierno de la Comunidad Valenciana, convocados por la Asociación Valenciana de Agricultores (AVA-ASAJA) y la Coordinadora Campesina del País Valenciano (CCPV-COAG).
El objetivo de la protesta fue exigir medidas urgentes al Gobierno central, incluyendo al ministro de Agricultura, Luis Planas, y a la ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, sobre temas críticos como,
La sequía, plagas, enfermedades, superpoblación de fauna salvaje, robos, abusos comerciales, competencia desleal y exigencias medioambientales.
Los tractores, que bloquearon el tráfico en la avenida frente a la Plaza del Temple, fueron el telón de fondo para que representantes de diversas comarcas y sectores agrícolas expusieran la grave situación que enfrentan. El presidente de AVA-ASAJA, Cristóbal Aguado, y el secretario general de CCPV-COAG, Luis Fernando García, enfatizaron sus principales demandas, destacando que ambas organizaciones son las únicas a nivel nacional que no han respaldado el paquete de medidas propuesto por Planas, considerándolo “claramente insuficiente, especialmente para la agricultura mediterránea”.
La protesta culminó con el lanzamiento de productos valencianos en crisis de rentabilidad, como cítricos, cebollas, vino, almendras, cereales y arroz.
Entre las pancartas se leían mensajes de denuncia como: “Fauna salvaje protegida y agricultor despreciado”, “Las cebollas se ‘rotovatan’ sin precio. ¿Para qué sirve la Ley de Cadena?”, “La sequía revela que el Ministerio de la Intransigencia Ecológica hace aguas”, “Cien vacas sacrificadas a la semana por falta de agua. ¿Dónde está el bienestar animal?” y “Año nuevo, plaga nueva (procedente de países terceros)”.
AVA-ASAJA y CCPV-COAG solicitaron la convocatoria de la mesa de la sequía para implementar ayudas directas a los sectores afectados, así como una nueva política hídrica que contemple la construcción de infraestructuras para almacenar y distribuir agua, una revisión de los caudales ecológicos y un enfoque en la reutilización de aguas depuradas. También pidieron mejorar los seguros agrarios para abarcar todos los riesgos climáticos y de fauna salvaje, así como establecer un seguro de costes e ingresos agrarios.
Las organizaciones agrarias solicitaron al Gobierno que acelere las autorizaciones excepcionales para fitosanitarios sin alternativas eficaces en el control de plagas y enfermedades vegetales. En particular, pidieron la autorización para la cría y liberación masiva del parasitoide Anagyrus fusciventris, destinado a combatir el cotonet Pseudococcus longispinus, principal plaga del caqui. También solicitaron la autorización de productos fitosanitarios, distintos a las estrobirulinas, para prevenir resistencias en el manejo de la piricularia del arroz y el uso de profoxydim para combatir las malas hierbas Echinochloa y Leptochloa, como ya han hecho Italia y Portugal.
Entre sus demandas, destacaron la necesidad de mantener la voluntariedad indefinida del cuaderno digital de explotación, establecer un régimen simplificado de la PAC para pequeños y medianos agricultores, y eliminar la obligación de contar con un asesor en gestión integrada de plagas para explotaciones menores de 15 hectáreas en regadío y 30 en secano. También pidieron suprimir la obligatoriedad de realizar fotografías georreferenciadas. Además, insistieron en el cumplimiento estricto de la Ley de la Cadena Alimentaria, con una prohibición explícita de la venta a pérdidas y la publicación oficial de los costes medios de producción.
Cristóbal Aguado y Luis Fernando García subrayaron la importancia de que el Gobierno exija a la Unión Europea reciprocidad en los acuerdos comerciales con terceros países, así como la revisión del impacto de estos acuerdos, especialmente con Egipto, Turquía, Marruecos y Sudáfrica. También pidieron la paralización de las negociaciones del tratado comercial con Mercosur, la defensa de una cláusula automática de salvaguardia para las importaciones de arroz y la sustitución de la Ley de Restauración de la Naturaleza por una Ley de Restauración de la Agricultura, que limite menos la actividad agraria.
Otras reivindicaciones incluyeron la aprobación de una Ley de Emergencia por daños causados por fauna salvaje, la adaptación de la Reforma Laboral a las necesidades de las campañas agrarias, una reducción significativa del módulo del IRPF agrario, y una revisión del Código Penal con el fin de aumentar los recursos para combatir los robos en el sector agrario.
