El 48,5 % de las farmacias se encuentran en zonas rurales de la provincia de Castellón.
La Conselleria de Sanidad otorgará este año ayudas a 68 farmacias ubicadas en zonas rurales de la Comunitat Valenciana para asegurar una adecuada prestación farmacéutica a toda la ciudadanía.
De estas farmacias, casi la mitad, el 48,5%, se encuentran en zonas rurales de la provincia de Castellón. Además, 17 están situadas en la provincia de Alicante y 18 en zonas rurales de Valencia, según ha informado la Generalitat en un comunicado.
La ayuda, publicada en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV), consiste en aplicar un índice corrector para que las farmacias puedan recibir una compensación económica al reducir el porcentaje de participación en los márgenes correspondientes a la dispensación de medicamentos, con el objetivo de garantizar su continuidad.
En este contexto, el año pasado, la Conselleria de Sanidad destinó 378.174 euros para aplicar el índice corrector a farmacias rurales, lo que representa un aumento del 11% respecto a 2022, cuando se concedieron 340.750 euros.
El objetivo principal es asegurar que todos los usuarios del sistema de salud puedan acceder a la prestación farmacéutica en cualquier punto de la Comunitat Valenciana, especialmente en municipios con poca población donde la farmacia es el principal establecimiento sanitario, ya que el consultorio o centro de salud se encuentra en localidades vecinas debido a la planificación sanitaria.
Requisitos para acceder a estas ayudas
Para acceder a estas ayudas, las farmacias deben cumplir ciertos requisitos. En particular, mediante el Decreto 977/2022 se han modificado dos de ellos, de modo que las farmacias que deseen optar a estas ayudas deben prestar servicios a núcleos de población en municipios con un máximo de 1.500 habitantes censados o según lo considere oportuno la autoridad competente para asegurar una adecuada cobertura farmacéutica.
Asimismo, se ha modificado el requisito relacionado con las ventas anuales totales, que no deben superar los 235.000 euros anuales, en términos de precio de venta al público incrementado con el impuesto sobre el valor añadido, durante el ejercicio económico anterior.
Del mismo modo, las farmacias no pueden haber sido sancionadas económicamente, deben participar en programas de atención farmacéutica y deben haber estado en activo durante los doce meses del año anterior, exceptuando el periodo de vacaciones.
Medidas de protección de la farmacia rural
La Conselleria de Sanidad implementa diversas medidas orientadas a la protección de las farmacias rurales, reconociéndolas como un pilar fundamental del sistema sanitario en áreas despobladas. El farmacéutico comunitario desempeña un papel crucial en la mejora del sistema sanitario, promoviendo la igualdad y equidad en el acceso a los medicamentos y prestando especial atención a los colectivos más vulnerables en las zonas rurales.
En aquellas localidades con menos de 250 habitantes, donde no es viable autorizar la apertura de una oficina de farmacia debido al número reducido de población, Sanidad permite la instalación de botiquines de farmacia para garantizar la prestación farmacéutica.
Respecto a la flexibilidad horaria y la conciliación, la normativa permite a los farmacéuticos en municipios con poca población reducir su jornada laboral de 40 a 20 horas semanales, realizar guardias localizadas o rotar las guardias entre varios municipios.
Una ventaja de esta medida es que el farmacéutico puede adaptar el horario de la farmacia a las horas de apertura del centro sanitario del municipio, facilitando así la dispensación de medicamentos a los pacientes.
Además, en municipios con menos de 1.500 habitantes, el local de la farmacia puede tener una superficie de 50 metros cuadrados en lugar de 80, y no es obligatorio contar con un laboratorio de formulación magistral.
