Un técnico declara que Pradas pidió esperar su «visto bueno» para el mensaje ES-Alert

Un técnico declara que Pradas pidió esperar su «visto bueno» para el mensaje ES-Alert

El técnico, que compareció como testigo, detalló que "inicialmente se planteó enviar un mensaje ES-Alert debido al riesgo de colapso de la presa de Forata.

 

Un técnico de Emergencias de la Generalitat Valenciana, uno de los dos responsables de enviar el mensaje ES-Alert a la población el 29 de octubre de 2024, ha declarado este martes ante la jueza del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja que la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, «insistió en que no se enviara ningún texto sin su autorización expresa».

Nos dijo que no se enviaba nada hasta que ella le diera el visto bueno.

Esta declaración forma parte de la investigación judicial sobre la gestión de la DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) que devastó la provincia de Valencia, dejando 227 personas fallecidas y una desaparecida.

El técnico, que compareció como testigo, detalló que «inicialmente se planteó enviar un mensaje ES-Alert debido al riesgo de colapso de la presa de Forata, una posibilidad que generó preocupación en el Centro de Coordinación Operativo Integrado (CECOPI)». Sin embargo, este mensaje fue descartado y se optó por redactar un nuevo aviso dirigido a toda la provincia de Valencia. Según el testimonio,

Se elaboró un primer borrador de ese nuevo mensaje, pero fue descartado. Aunque no conozco los motivos por los que se rechazó, no pasó mucho tiempo entre una cosa y otra.

Finalmente, el mensaje ES-Alert se envió a las 20:11 horas, cuando las inundaciones ya habían causado estragos en municipios como Paiporta, Catarroja, Alfafar y Sedaví, y muchas víctimas habían fallecido, según ha constatado la investigación judicial.

La jueza Nuria Ruiz Tobarra, encargada del caso, ha calificado el envío del mensaje como “tardío y erróneo”, señalando una “inactividad patente” por parte de la Generalitat, que tenía competencia exclusiva en materia de protección civil. En autos previos, la magistrada ha subrayado que el CECOPI debería haberse convocado en la mañana del 29 de octubre, y no con la demora que se produjo, para alertar a la población con suficiente antelación.

Contexto de la investigación

La investigación judicial se centra en determinar las responsabilidades penales por la gestión de la DANA, que causó una de las mayores tragedias naturales en la historia reciente de España. La Generalitat, bajo la presidencia de Carlos Mazón, ha argumentado que «la falta de información por parte de organismos estatales, como la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dificultó una respuesta adecuada». Sin embargo, la jueza ha desestimado esta defensa, afirmando que la Generalitat disponía de “información sobrada” para actuar antes, incluyendo datos del sistema automático de información hidrológica (SAIH) y alertas de AEMET que ya preveían la gravedad del fenómeno meteorológico.

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Salomé Pradas, investigada junto al exsecretario autonómico de Emergencias Emilio Argüeso, ha negado en su declaración tener experiencia en gestión de emergencias y ha insistido en que no dirigía el operativo, atribuyendo las decisiones a los técnicos. No obstante, el testimonio del técnico este martes contradice esta versión, al señalar que Pradas tuvo un rol activo «al exigir su aprobación para el envío del mensaje ES-Alert».

La investigación ha revelado que el CECOPI no se reunió hasta las 17:00 horas, a pesar de que AEMET había emitido un aviso rojo a las 07:31 de la mañana y la CHJ había alertado a las 12:20 horas sobre el aumento de los caudales en el barranco del Poyo, que alcanzó los 1.686 m³/s a las 18:43 horas.

La gestión de la DANA ha generado una profunda indignación social, con protestas masivas en Valencia con miles de personas exigiendo justicia y responsabilidades. Los lemas “Seguimos exigiendo justicia” y “Muchas vidas se perdieron y se podía haber evitado” reflejan el sentir de una ciudadanía que considera que muchas muertes eran evitables con una respuesta más ágil.

Fuentes oficiales del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV) han confirmado que la jueza continúa recabando pruebas, incluyendo registros del SAIH y comunicaciones de la CHJ, para esclarecer por qué no se actuó con mayor rapidez. La investigación también ha descartado imputar al presidente Carlos Mazón, protegido por su condición de aforado, aunque la magistrada ha señalado que le ha ofrecido declarar voluntariamente.

Fotografía portada: Archivo DANA Valencia/ Reunión del Cecopi  13/11/2024 – GVA.