El Defensor del Pueblo ha iniciado procedimientos de oficio con 33 ciudades, incluyendo Castellón, por "retraso en implantación de las ZBE".
El portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales, aclara que el Defensor del Pueblo solicitó de oficio información al Ayuntamiento de Castellón, la cual fue respondida formalmente el 23 de noviembre. Sales enfatiza,
No está comprometido el dinero de Europa, como intenta hacer creer el PSOE con sus rabietas constantes y campañas de desprestigio, porque no aceptan que los castellonenses les hayan puesto en la bancada de la oposición.
«La documentación está en regla, y ya hemos iniciado las obras de la Zona de Bajas Emisiones por distrito norte. Además, se ha informado de que este gobierno ya solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el pasado 29 de julio una moratoria en la implantación de Zona de Bajas Emisiones para ampliar el plazo de ejecución hasta diciembre de 2025.»
Castellón cumple con la Zona de Bajas Emisiones, cuyas obras ya han comenzado y tras haber solicitado la ampliación para poder ejecutarlas hasta diciembre de 2025. No está comprometido el dinero de Europa, como intenta hacer creer el PSOE con sus rabietas constantes y campañas de desprestigio, porque no aceptan que los castellonenses les hayan puesto en la bancada de la oposición.
Insistió el portavoz del gobierno municipal, Vicent Sales.
El edil, hizo hincapié en que el Defensor del Pueblo solicitó de oficio información al Ayuntamiento, al igual que a otros municipios españoles que figuraban en la web del Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana para recabar información sobre el proyecto.
El 15 de noviembre, el Defensor del Pueblo solicitó información al Ayuntamiento en relación con la implantación del proyecto de Zona de Bajas Emisiones. Tras recabar toda la información, se envió una respuesta formalmente el 23 de noviembre. La documentación está en regla y ya hemos iniciado las obras en la zona norte.
Recordó Sales
«Además, se le ha informado de que este gobierno ya solicitó al Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana el pasado 29 de julio una moratoria en la implantación de Zona de Bajas Emisiones para ampliar el plazo de ejecución hasta diciembre de 2025, debido a causas sobrevenidas, ajenas completamente al Ayuntamiento. Tenemos la conformidad del Ministerio de que toda la documentación presentada cumple con los requisitos para solicitar esta ampliación del plazo, para poder llevar a cabo la ejecución hasta diciembre de 2025″, destaca.
En cuanto a las causas sobrevenidas que provocaron demoras desde el proyecto inicial, Vicent Sales hace referencia en primer lugar a la complejidad y gran envergadura de los expedientes de contratación que hicieron que las adjudicaciones se retrasaran cuatro meses. En segundo lugar, alude a la publicación del Real Decreto 1052/2022, publicado el 28 de diciembre de 2022, mediante el cual, en su anexo I obligaba a adaptar los proyectos de implantación de Zona de Bajas Emisiones en cumplimiento de nuevos requisitos, lo que implicó una nueva modificación del contrato para que incluyera las nuevas exigencias.
Y la tercera de las causas fue la celebración de unas elecciones municipales el 28 de mayo, que llevó a constituirse el nuevo gobierno el pasado 17 de junio, con todo el retraso que implica la formalización de los nuevos órganos internos de gestión municipal.
Proyecto reorientado contando con la participación ciudadana
El concejal, Vicent Sales, además expone que, cabe recordar que la Junta de Gobierno Local del Ayuntamiento de Castellón aprobó el pasado 20 de septiembre el nuevo proyecto de Zona de Bajas Emisiones en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado con los fondos europeos Next Generation.
Este proyecto fue rediseñado respecto al plan del equipo de gobierno anterior, adaptándolo a la ciudad tras la participación ciudadana. Los 745,000 metros cuadrados de suelo urbano que originalmente iban a cerrarse al tráfico en su totalidad ya no se cerrarán. No obstante, en función de los medidores de la calidad del aire, se podrán cerrar temporalmente algunas calles hasta alcanzar niveles óptimos de calidad del aire.
El nuevo proyecto de Zona de Bajas Emisiones (ZBE), explica Sales, rediseñado por el gobierno de Begoña Carrasco, permitirá, sin perder los 8 millones de financiación europea, mejorar la accesibilidad de la ciudad. Además, preservará más de 200 plazas de aparcamiento en las calles afectadas y contempla la incorporación de más árboles y zonas verdes.
Su aprobación ha contado con la participación ciudadana directa y real, se adapta a la idiosincrasia de la ciudad, cumple con los requisitos de Europa y busca minimizar el impacto en el sector comercial, permitiendo el acceso a los usuarios con medidas para el calmado del tráfico, ya que no se pretende saturar el centro con vehículos.
Concluye.
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