Miembros del equipo de Gobierno de Vila-real se unieron a una concentración organizada por el sindicato CCOO frente a la residencia 'Verge de Gràcia'.
El Ayuntamiento de Vila-real ha aprobado hoy, durante el Pleno ordinario, dos mociones que abordan temas clave para la ciudad. En primer lugar, se ha aprobado una solicitud urgente para la homologación salarial en los centros sociosanitarios. Esta moción recibió el apoyo de los concejales del PSOE, Compromís y el concejal no adscrito, Manu Rubert, mientras que VOX se abstuvo y el PP votó en contra.
En segundo lugar, se ha propuesto la restitución de 833 plazas docentes en el ámbito educativo. Durante la sesión, personal de la residencia Verge de Gràcia estuvo presente para seguir el debate sobre la moción presentada por el equipo de Gobierno.
La primera moción fue impulsada por el equipo de Gobierno para exigir a la Generalitat la implementación inmediata del Plan de Equiparación Salarial en los centros públicos de la Comunitat Valenciana. Este plan, acordado por el Govern del Botànic, busca corregir las desigualdades salariales que existen entre el personal de los centros gestionados directamente por la administración y aquellos gestionados de manera privada.
El alcalde, José Benlloch, destacó la importancia de que la Generalitat cumpla con los acuerdos laborales, subrayando que es esencial que el personal que se encarga del cuidado de las personas mayores reciba un trato equivalente al de los trabajadores de otros sectores públicos. También recordó que la eliminación del impuesto sobre el patrimonio por parte del señor Mazón ha costado a la Generalitat 500 millones de euros, y cuestionó las afirmaciones de que esta medida beneficiaría a las personas más humildes y trabajadoras, señalando que se están aplicando las mismas políticas de recortes sociales que ha utilizado el PP en el pasado.
La vicealcaldesa, Maria Fajardo, hizo hincapié en que la precariedad laboral no solo impacta a los empleados, sino que también compromete la calidad del servicio brindado a las personas mayores. En su intervención, recordó cómo durante la pandemia se aplaudió al personal sociosanitario, sugiriendo que es hora de consolidar plazas públicas para fortalecer los equipos en el sector de servicios sociales.
El concejal de Servicios Sociales, Toni Marín, también reiteró la necesidad de regularizar de manera urgente los contratos de los centros residenciales que están vencidos y criticó el modelo del PP, que, según él, está dirigido hacia la privatización del sector, tal como ocurrió en su etapa de gobierno.
Concentración organizada por el sindicato CCOO
Esta mañana, algunos miembros del equipo de Gobierno, incluyendo a la vicealcaldesa y los concejales Toni Marín, Diego Vila, Javier López y Ana Torres, participaron en una concentración organizada por el sindicato CCOO frente a la residencia ‘Verge de Gràcia’, donde exigieron el cumplimiento del convenio de homologación salarial. Durante el evento, Fajardo afirmó,
Es una reivindicación justa, y como Gobierno local brindamos nuestro apoyo total a los trabajadores y sus familias.
Por otro lado, el Grupo Municipal de Compromís per Vila-real presentó una moción que pide la implementación inmediata de los acuerdos de plantillas de profesorado de 2023, que incluye la restitución de 833 plazas docentes que fueron anuladas por el Gobierno del Partido Popular, pero que ahora están protegidas por una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.
El portavoz adjunto de Compromís, Santi Cortells, destacó que estas plazas son fundamentales para asegurar un mejor servicio educativo en los centros de Infantil, Primaria, Secundaria y Formación Profesional. Cortells señaló que la sentencia permitirá a Vila-real disfrutar de una educación de mayor calidad, a pesar de los recortes impuestos por la Conselleria de Educación del Partido Popular.
La moción fue aprobada con el apoyo del PSOE y Compromís, la abstención de Manu Rubert y el voto en contra de PP y VOX. La propuesta denunció las políticas de recortes y la persecución del valenciano, exigiendo la restitución de las plazas para reducir la carga burocrática y mejorar la calidad educativa. Cortells afirmó que «gracias a esta decisión judicial, los niños y niñas de Vila-real experimentarán mejoras significativas en su educación». Concluye.
