Tanto Pilar Bernabé como Vicent Mompó atendieron a los medios a su llegada a los juzgados, en una jornada sin protestas ni concentraciones.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, compareció este lunes ante el Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja como testigo en la causa penal que investiga la gestión de la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 228 fallecidos y cuantiosos daños materiales en la provincia de Valencia. Bernabé llegó a la Ciudad de la Justicia de València a las 9:30 horas con un mensaje claro: «Vengo con ganas, con ánimo de colaborar con la Justicia y contribuir a la paz de quienes han sufrido tanto», aseguró a los medios antes de entrar.
La llegada de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, y Vicent Mompó, presidente de la Diputación de Valencia, a los juzgados para declarar como testigos en la causa de la DANA, transcurrió con normalidad y atención a los numerosos periodistas presentes en la Ciudad de la Justicia, sin protestas ni concentraciones en los juzgados.
En su declaración, Bernabé detalló minuciosamente las comunicaciones que mantuvo durante aquella jornada crítica, respaldándose en un listado de llamadas realizadas y recibidas que la jueza le permitió consultar, pese a la oposición de algunas acusaciones populares. Según fuentes presentes en la sala, la delegada explicó que canceló un viaje de trabajo a Córdoba para centrarse en la emergencia, manteniendo contacto constante con la Guardia Civil, Aemet, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Tráfico y la Unidad Militar de Emergencias (UME) como «nexo de coordinación» entre las administraciones, dado que el plan autonómico contra inundaciones ya estaba activado.
Oferta de la UME y comunicaciones con la Generalitat
Uno de los puntos clave de su testimonio fue el ofrecimiento de la UME a la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, a las 12:23 horas del 29 de octubre, cuando las inundaciones ya afectaban a Utiel y Requena y se había reportado la desaparición de una persona en l’Alcúdia.
Bernabé insistió en que esta llamada, de cinco minutos, se produjo antes de lo que Pradas había declarado (13:00 horas), subrayando su interés en aclarar la cronología.
A las 14:33, volvió a contactar con Pradas tras visitar la comarca de La Ribera, urgiendo la intervención de la UME, solicitud que se formalizó a las 14:53 y se oficializó a las 15:41.
La delegada relató que intentó dirigirse a Utiel para coordinar un puesto de mando avanzado, como es habitual en emergencias de nivel 2, pero a las 16:20 recibió la convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) y decidió regresar a la Delegación del Gobierno, participando en la reunión de forma telemática. Según su testimonio, el espacio del Cecopi, ubicado frente a un mapa luminoso con las incidencias del 112, no era un lugar aislado, y el subdirector de Emergencias, Jorge Suárez, informó al comité de las miles de llamadas de alerta recibidas, que reflejaban la gravedad de la situación.
Contacto con Carlos Mazón
Bernabé también reveló que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, la llamó después de las 20:11, hora en que se envió el mensaje Es-Alert a la población, desde un número diferente al suyo, alegando que su móvil estaba estropeado. Según fuentes judiciales, Mazón estaba al corriente de que la vicepresidenta primera y la tercera del Gobierno central habían intentado contactarlo, y pidió a Bernabé que «transmitiese que ambas Administraciones estaban en coordinación».
Contexto judicial y siguientes pasos
La comparecencia de Bernabé se produce en el marco de una investigación que busca esclarecer posibles responsabilidades penales por la gestión de la DANA, centrada en el retraso del aviso masivo a la población, enviado a las 20:11, cuando muchos municipios ya estaban inundados. La jueza Nuria Ruiz Tobarra, titular del juzgado, ha enfatizado que la competencia en protección civil recaía en la Generalitat, desestimando querellas contra Bernabé, como la presentada por la asociación Hazte Oír, al considerar que no tenía «dominio funcional del riesgo» ni responsabilidad directa en las decisiones clave.
Tras Bernabé, el presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, también está citado como testigo a las 12:25 horas. Mompó, presente en el Cecopi, fue uno de los cargos que insistió en enviar la alerta «de una puta vez», según fuentes judiciales. Ambos, al declarar como testigos, están obligados a responder a todas las preguntas de las partes y a decir la verdad, a diferencia de los dos únicos investigados hasta ahora, Salomé Pradas y Emilio Argüeso, exconsellera y exsecretario autonómico de Emergencias, respectivamente, quienes solo respondieron a sus abogados.
Reacciones y compromiso con las víctimas
A su llegada, Bernabé evitó pronunciarse sobre quién tenía la responsabilidad última de la gestión, emplazando a los medios a una comparecencia posterior a su declaración. Su actitud, centrada en la «colaboración judicial y el apoyo a las víctimas», refleja el tono de sus intervenciones públicas previas, donde ha lamentado intentos de «reescribir la historia» y ha pedido claridad sobre lo ocurrido, como la ausencia de grabaciones del Cecopi.
La declaración, que tuvo lugar en la Ciudad de la Justicia de Valencia a partir de las 9:30 horas, se produjo en calidad de testigo, en el marco de una causa penal por presuntos delitos de homicidio y lesiones por imprudencia grave.
Bernabé, quien participó en el Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi) durante la emergencia, llegó al juzgado expresando su disposición a colaborar. En declaraciones a los medios antes de entrar, afirmó: “Vengo con ganas, con ánimo de colaborar con la Justicia y contribuir a la paz de quienes han sufrido tanto, especialmente los familiares de las víctimas mortales”. Añadió que respondería “a todas y cada una de las preguntas” que le formularan, con el objetivo de esclarecer los hechos y apoyar a las personas afectadas por la catástrofe.
La competencia en materia de protección civil «era autonómica»
La comparecencia de Bernabé se produce tres días después de las declaraciones de los dos únicos investigados hasta el momento en la causa: la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, ambos cesados por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, a finales de noviembre de 2024.
Tanto Pradas como Argüeso intentaron señalar a Bernabé como corresponsable en la gestión de la emergencia, alegando que existía una “codirección” en el Cecopi y apuntando a una supuesta falta de información por parte de organismos estatales como la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ).
Sin embargo, la jueza Nuria Ruiz Tobarra y la Fiscalía han reiterado que la competencia en materia de protección civil era autonómica, descartando hasta ahora cualquier responsabilidad penal de Bernabé. En un auto del 24 de febrero de 2025, la magistrada inadmitió una querella de la asociación Hazte Oír contra la delegada, argumentando que “asociar a la delegada del Gobierno la responsabilidad en los fallecimientos y lesiones imprudentes del día 29 de octubre, cuando la competencia en materia de protección civil es autonómica y la inactividad se produjo en dicho ámbito, carece de cualquier asidero legal”. La Fiscalía respaldó esta postura el 27 de marzo, destacando que la dirección del plan de emergencias recaía en la Conselleria de Justicia e Interior, liderada entonces por Pradas.
Mensaje de alerta ES-Alert “notablemente tardío” y “errado en su contenido”
La investigación se centra en la tardanza del mensaje de alerta ES-Alert, enviado a las 20:11 horas del 29 de octubre, cuando las inundaciones ya habían causado estragos. La jueza ha calificado este aviso como “notablemente tardío” y “errado en su contenido”, subrayando que la ausencia de avisos previos impidió que la población tomara medidas de autoprotección. Además, ha señalado que la reunión del Cecopi, convocada a las 17:00 horas, se realizó con “gran demora”, pese a las advertencias meteorológicas de la Aemet desde la mañana.
Bernabé, como testigo, estaba obligada a responder a las preguntas de todas las partes, incluidas las acusaciones particulares y populares (entre ellas Vox, Podemos, FTAP-CGT y Acció Cultural del País Valencià), y a decir la verdad, a diferencia de los investigados, que solo contestaron a sus abogados. La delegada evitó adelantar detalles específicos sobre la gestión de la emergencia antes de su declaración, emplazando a los periodistas a la salida del juzgado, aunque no se han hecho públicas declaraciones posteriores hasta el momento.
Tras Bernabé, la jueza tomará declaración al presidente de la Diputación de Valencia, Vicent Mompó, también como testigo, a partir de las 12:25 horas. Mompó, presente en el Cecopi el día de la tragedia, fue uno de los primeros en urgir el envío de la alerta, según consta en los informes judiciales. La investigación continuará el 29 de abril con las comparecencias de dos técnicos de emergencias.
La causa, que acumula más de 160 de los 228 fallecimientos registrados oficialmente, ha incorporado los testimonios de más de 60 familiares de víctimas desde diciembre de 2024. La jueza mantiene el foco en determinar si hubo negligencias que contribuyeron a la magnitud de la tragedia, mientras descarta por ahora investigar al presidente Mazón, protegido por su condición de aforado, aunque le ha ofrecido declarar voluntariamente.
