Destaca que Mazón la llamó desde un número desconocido por WhatsApp después de enviar el mensaje de alerta Es-Alert a las 20:11 horas.
La delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé, compareció este lunes durante casi siete horas como testigo ante la titular del Juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la devastadora DANA del 29 de octubre de 2024, que dejó 228 víctimas mortales en la provincia de Valencia. En una declaración que calificó de «larga e intensa», Bernabé afirmó,
Ha quedado claro que solo hay un mando único, que es de la Generalitat.
Asimismo, criticó la tardía convocatoria del Centro de Coordinación Operativa Integrada (Cecopi), asegurando que «si se hubiera celebrado antes, probablemente hubiesen cambiado muchísimas cosas».
A su salida de la Ciudad de la Justicia, Bernabé atendió a los medios y detalló que respondió a todas las partes, «presentando un registro de 240 llamadas y mensajes que respaldan su versión de los hechos». Según la delegada, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) emitió a las 12:20 del 29 de octubre un aviso sobre el caudal del barranco del Poyo, tras lo cual la Generalitat activó la alerta hidrológica nivel 0.
Esta alerta, según Bernabé, obligaba a la Generalitat a vigilar los cauces,
Pero hemos sabido que a las 15:00 mandaron a su casa al personal, dejando desatendidos los barrancos.
«En el Cecopi no se hizo ninguna referencia ni a las llamadas al 112 ni a cómo estaban los barrancos», añadió, subrayando que la Generalitat no cumplió con su responsabilidad de monitoreo.
Bernabé insistió en que la convocatoria del Cecopi, celebrada a las 17:00, fue «extremadamente tardía». «Si se hubiera convocado por la mañana, tras el aviso rojo de Aemet, se podrían haber tomado medidas para proteger a la población», afirmó. Según la delegada,
El plan de inundaciones establece la creación de comités de seguimiento dentro del Cecopi, pero estos no se constituyeron formalmente.
Durante su declaración, Bernabé también relató que contactó con la alcaldesa de Paiporta, una de las localidades más afectadas, y que en el Cecopi insistió en la gravedad de la situación en este municipio. Según la delegada, la entonces consellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, le respondió que «lo que estaba relatando de Paiporta estaba pasando en más municipios», una frase que Bernabé destacó como reveladora de la magnitud de la crisis que no fue abordada a tiempo.
Respecto al presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, Bernabé explicó que el president Mazón se puso en contacto con ella a través de un número que no reconocía, utilizando WhatsApp, lo cual no quedó registrado en su historial de llamadas, ya que no tenía ese número guardado.
Esto ocurrió después de que se enviara el mensaje de alerta Es-Alert a las 20:11 horas. Según Bernabé, Mazón le comentó que su teléfono no estaba funcionando y le pidió que informara a la entonces vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que efectivamente no había podido usar su móvil. Además, le indicó que «continuaban en comunicación y en contacto para cualquier cosa que necesitara la dirección de la emergencia por parte del Gobierno de España».
Fuentes oficiales y contexto
La investigación judicial, liderada por la jueza Nuria Ruiz Tobarra, se centra en determinar las responsabilidades penales por la gestión de la DANA, especialmente en el retraso del aviso Es-Alert, que la magistrada ha calificado de «tardío y erróneo». Según un auto previo, la Generalitat tenía información suficiente desde la mañana del 29 de octubre, incluyendo avisos de Aemet, miles de llamadas al 112 y datos de la CHJ, pero «no actuó con la celeridad necesaria». La Fiscalía de Valencia ha respaldado esta tesis, afirmando que la competencia en protección civil recaía exclusivamente en la Generalitat, descartando responsabilidades penales de la delegada del Gobierno.
Un informe de la Generalitat remitido al juzgado revela que el 112 recibió 19.821 llamadas el día de la DANA, con picos a partir de las 15:00, muchas alertando del desbordamiento del barranco del Poyo. La Generalitat, por su parte, ha sostenido que la CHJ no informó adecuadamente sobre el caudal del Poyo, una acusación que la jueza ha desestimado, señalando que los datos estaban disponibles a través del sistema SAIH.
Fotografía portada: X/@pilarbernabe
