Compromís denuncia que "la falta de previsión del gobierno con respecto a las obras del Raval San Fèlix está perjudicando gravemente al comercio".
El Grupo Municipal de Compromís en el Ayuntamiento de Castelló se ha unido a las demandas de los comercios del Raval de San Fèlix, quienes aseguran haber experimentado una caída en sus ingresos, llegando en algunos casos a superar el 30% con respecto a la misma temporada del año anterior.
El portavoz del partido en el ayuntamiento, Ignasi Garcia, ha destacado,
Por coherencia, Begoña Carrasco y el Partido Popular, que cuando estaban en la oposición reclamaban ayudas a los comercios durante las obras de la Avenida de Lledó, creemos que es importante que el gobierno facilite estas ayudas.
El concejal de Compromís ha enfatizado que «ante esta situación que están atravesando los comercios del Arrabal de San Fèlix, es necesario analizar las diferentes realidades y en aquellas zonas donde se estén llevando a cabo obras de la Zona de Bajas Emisiones, se deben promover líneas de ayuda y subvenciones directas«.
Es un deber político intervenir para que estas obras no perjudiquen aún más a los pequeños comercios, que ya están bastante afectados y que, recordemos, son la columna vertebral de nuestra economía.
Añadió.
Garcia también señaló que «no solo se trata de comercios, sino también de negocios de alimentación o de hostelería que quedan excluidos de las campañas de bonos» y que, por lo tanto, «una campaña de bonos no sería la solución que planteamos desde Compromís, sino más bien las ayudas directas».
Desde Compromís destacan que «la relación del Partido Popular con la Zona de Bajas Emisiones es un ejemplo de una gestión improvisada e ineficiente».
Inicialmente se opusieron a ella, luego la retrasaron y finalmente la implementaron sin la planificación necesaria, lo que ha generado un caos absoluto para los residentes y los comercios.
Señaló García.
Es importante recordar, en relación con la implementación de la ZBE, que en noviembre pasado, el Defensor del Pueblo informó sobre el inicio de acciones de oficio contra Castelló y otras cuatro ciudades valencianas por incumplir, de diversas maneras, la Ley de Cambio Climático.
Esta ley obliga a las ciudades con más de 50.000 habitantes a delimitar zonas de bajas emisiones con restricciones para la entrada de vehículos altamente contaminantes, con el fin de mejorar la calidad del aire mediante la reducción de gases y partículas en la atmósfera. Se está llevando a cabo una investigación, entre otros casos, en aquellos municipios donde los ayuntamientos han anunciado la reversión de las ZBE ya iniciadas, como es el caso de Castelló, poniendo en riesgo los fondos europeos recibidos para promover la movilidad sostenible.
Finalmente, García mencionó que la Zona de Bajas Emisiones responde a criterios de sostenibilidad, reducción de emisiones y contaminación acústica, y cuestionó si Begoña Carrasco tiene la voluntad de continuar con el proyecto iniciado por el gobierno de Fadrell.
Que el PP adopte los postulados de Vox, que niegan el cambio climático y se oponen a la agenda 2030, supone un riesgo para la lucha contra el cambio climático y las inversiones en la ciudad.
Lamentó el portavoz.
