Morant: "Este refuerzo es un compromiso más del Gobierno por fortalecer todas las instituciones que tengan que atender esta tragedia".
El Gobierno de España ha aprobado un refuerzo para el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción n.º 3 de Catarroja, que investiga la gestión de la Depresión Aislada en Niveles Altos (DANA) que azotó la Comunitat Valenciana el 29 de octubre de 2024. La catástrofe dejó un saldo de 225 víctimas mortales, tres desaparecidos y cuantiosos daños materiales. La ministra de Ciencia, Innovación y Universidades y secretaria general del PSPV-PSOE, Diana Morant, anunció la medida el domingo 16 de marzo de 2025, durante su visita a la falla Albufera en Catarroja, uno de los municipios más afectados.
El refuerzo judicial consiste en la incorporación de un nuevo juez en los próximos días. Esto permitirá que la magistrada titular, Nuria Ruiz Tobarra, se dedique exclusivamente a la investigación de la DANA, mientras que el nuevo magistrado asumirá las causas ordinarias pendientes, evitando retrasos en otros procedimientos. La medida fue firmada el 7 de marzo por el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, en respuesta a una solicitud del Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV), la jueza instructora y la Conselleria de Justicia de la Generalitat Valenciana. Esta petición fue evaluada en una reunión celebrada en noviembre de 2024, tras el desastre.
Compromiso del Gobierno con la investigación
Diana Morant señaló que este refuerzo es “un compromiso más del Gobierno por fortalecer todas las instituciones que tengan que atender esta tragedia”. Según un comunicado del Ministerio de Justicia del 24 de febrero de 2025, el Ejecutivo ya había mostrado su apoyo a la solicitud del TSJCV para designar un juez adicional. La ministra destacó que “la Justicia es un servicio público y un derecho de la ciudadanía”, subrayando la importancia de destinar “todos los recursos necesarios” para esclarecer los hechos.
Hemos estado, estamos y estaremos hasta el final con todos los recursos que haga falta para que este pueblo salga de esta situación con dignidad.
Afirmó Morant.
Avances en la investigación judicial
Desde diciembre de 2024, la investigación se ha centralizado en el juzgado de Catarroja, que ha llevado a cabo diligencias clave. Según el TSJCV, la magistrada ha solicitado información al Ministerio para la Transición Ecológica sobre los embalses de Forata, Loriguilla y Buseo, así como al gobierno autonómico para esclarecer quién ordenó el envío del mensaje de alerta ES-Alert, emitido a las 20:11 del 29 de octubre, cuando muchas víctimas ya habían fallecido. Además, un auto del 11 de febrero de 2025 ordenó una valoración forense de los daños psicológicos sufridos por familiares de las víctimas, poniendo de manifiesto el impacto emocional de lo que la jueza describió como “un infierno real de destrucción, muerte y finalmente oscuridad”.
Morant subrayó que los autos judiciales reflejan “negro sobre blanco” que “se pudo hacer más y mejor” en la gestión de la crisis. Según la ministra, “se pudieron tomar decisiones políticas que podrían haber salvado vidas”, y cuestionó la falta de alertas tempranas. Apuntó a la responsabilidad de la Generalitat Valenciana, que según el Estatuto de Autonomía, tiene la competencia en Protección Civil. Un informe del Consejo de Ministros del 5 de noviembre de 2024, publicado en el BOE (Orden PJC/1222/2024), declaró la zona como “afectada gravemente por una emergencia de protección civil” y detalló que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) había emitido avisos desde el 27 de octubre, indicando la gravedad de la DANA.
Las precipitaciones superaron los 600 litros por metro cuadrado en algunos puntos.
Implicaciones políticas y exigencias de responsabilidades
En el ámbito político, Morant reiteró la exigencia del PSPV-PSOE de que el president de la Generalitat, Carlos Mazón, dimita y convoque elecciones anticipadas.
En democracia no hay herramienta más potente que la voz del pueblo.
Afirmó, criticando las “mentiras” y la “irresponsabilidad” del gobierno autonómico.
Según un auto del 10 de marzo de 2025, la jueza Ruiz Tobarra llamó a declarar como investigados a la exconsellera Salomé Pradas, Elisa Núñez, y al secretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, por presuntas negligencias en la gestión de la crisis.
