Las actuaciones se llevaron a cabo por los agentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial (UNIS-GIAT) y los examinadores de la Jefatura Provincial de Castellón.
El examen para obtener el permiso de conducción es una de las evaluaciones fundamentales para los aspirantes a conductores. Muchos de ellos invierten muchas horas de estudio con el fin de adquirir un conocimiento completo sobre las normas de circulación, enfrentándose a numerosos cuestionarios similares a los que tendrán que responder en el examen oficial. Sin embargo, una pequeña cantidad de personas decide recurrir a engaños.
Estos métodos de fraude se han vuelto más sofisticados con el paso de los años y el avance de la tecnología.
Este ha sido el caso de 19 personas desde principios de año, quienes intentaron aprobar el examen de manera fraudulenta, ocultando dispositivos electrónicos. Las intervenciones fueron realizadas durante las inspecciones previas llevadas a cabo por los agentes de la Unidad de Investigación de Seguridad Vial, del Grupo de Investigación y Análisis del Subsector de Tráfico de Castellón (UNIS-GIAT), junto con los examinadores de la Jefatura Provincial.
El objetivo de estas revisiones es prevenir la suplantación de identidad y detectar cualquier tipo de irregularidad o ilegalidad, garantizando que los exámenes se desarrollen de forma adecuada y sin prácticas fraudulentas.
En estos casos,
Las personas involucradas se enfrentan a sanciones establecidas por la Ley de Seguridad Vial, que incluyen una multa de 500 euros y la prohibición de presentarse nuevamente al examen hasta transcurridos seis meses.
Además, se ha iniciado una investigación contra tres individuos por presuntos delitos relacionados con la Seguridad Vial. Estos conductores circulaban sin la debida autorización para manejar un vehículo a motor, debido a la pérdida total de los puntos de su licencia, y acudían a presentarse al examen con el fin de recuperar parte de esos puntos.
Las diligencias correspondientes fueron remitidas a los Juzgados de Primera Instancia e Instrucción de Guardia. En cuanto a este tipo de comportamientos delictivos, el Código Penal prevé penas que pueden ir desde una prisión de tres a seis meses, una multa económica de entre doce y veinticuatro meses, o la realización de trabajos en beneficio de la comunidad, con una duración de entre treinta y uno y noventa días.
La Guardia Civil enfatiza la importancia de respetar las normas de tráfico, ya que conductas como las descritas ponen en riesgo la vida y la integridad física de todos los conductores y usuarios de las carreteras.
