La jueza afirma que la "tesis de la ignorancia" que expuso Argüeso en su declaración judicial sobre la evolución de la emergencia es "dificílmente admisible".
La titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, Nuria Ruiz Tobarra, que investiga la gestión de la devastadora DANA (Depresión Aislada en Niveles Altos) del 29 de octubre de 2024, ha decidido citar como testigo al presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo, junto a otras doce personas, en el marco de la causa penal que busca esclarecer posibles responsabilidades por las 228 víctimas mortales y los graves daños causados por las inundaciones en la provincia de Valencia. Así lo recoge un auto notificado este jueves por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV).
La decisión responde a la solicitud de Emilio Argüeso, exsecretario autonómico de Emergencias y uno de los dos investigados en la causa junto a la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas. Argüeso pidió imputar a cuatro cargos públicos, incluido Polo, y citar a varios testigos para respaldar su defensa. Sin embargo, la jueza ha descartado imputar a Polo, argumentando,
No concurren indicios de delito que justifiquen su inclusión como investigado.
Rechazo a la «tesis de la ignorancia» de Argüeso
La magistrada ha calificado como «difícilmente admisible» la tesis de Argüeso, quien afirmó en su declaración judicial que desconocía la evolución de la emergencia. Según la jueza, Argüeso tenía a su disposición datos clave, como los proporcionados por el Sistema Automático de Información Hidrológica (SAIH), y podía haber solicitado información adicional. En un auto contundente, la instructora subraya que «no es admisible en modo alguno que se desconozca por el secretario autonómico el SAIH ni la forma de acceso a los datos. En el caso de que fuera así, dicha ignorancia sería parte de la negligencia que se le ha de atribuir en la gestión de una emergencia».
La jueza también destaca que Argüeso envió un mensaje a las 14:44 horas del 29 de octubre a un chat de altos cargos de la Generalitat, alertando que «los barrancos están a punto de colapsar». Este mensaje, según la magistrada, demuestra un «conocimiento claro» del riesgo de desbordamiento del barranco del Poyo, epicentro de la tragedia, cinco horas y media antes de que se emitiera la alerta masiva a la población a las 20:11 horas mediante el sistema Es-Alert.
Sin indicios de delito en la actuación de la CHJ
La instructora ha rechazado la pretensión de Argüeso de atribuir responsabilidad penal a Polo y a «prácticamente todos los cargos» de la CHJ. Según el auto, la CHJ envió correos electrónicos entre las 16:13 y las 18:43 horas del 29 de octubre informando sobre el caudal del barranco del Poyo, y el SAIH proporcionaba datos actualizados cada cinco minutos. La jueza enfatiza que los responsables de emergencias de la Generalitat no pueden alegar desconocimiento del SAIH ni de su acceso, desmontando la narrativa de un supuesto «apagón informativo» defendida por el Gobierno de Carlos Mazón.
Se olvida de manera reiterada que debe existir una conexión entre los fallecimientos, la posición de garante y la inactividad de quien ocupaba dicha posición.
Señala la jueza sobre la petición de Argüeso.
El SAIH es una herramienta diseñada para la gestión de recursos hídricos y la previsión de avenidas, ofreciendo información hidrometeorológica en tiempo real a los organismos de protección civil, incluida la Generalitat Valenciana.
Otros testigos citados
Además de Polo, la jueza ha citado como testigos a figuras clave que participaron en la gestión de la emergencia, entre ellos:
José Miguel Basset, exjefe del Consorcio Provincial de Bomberos de Valencia, quien admitió que se dejó de vigilar el barranco del Poyo porque el caudal parecía haber disminuido.
Alberto Javier Martín, director general de Emergencias.
Jorge Suárez, subdirector de Emergencias, señalado por haber propuesto emitir la alerta Es-Alert sobre las 19:15 horas.
Maribel Albalat, Lorena Sirvent y José Francisco Cabanes, alcaldes de Paiporta, Catarroja y Sedaví, respectivamente, municipios gravemente afectados por las inundaciones.
Inmaculada Piles, jefa del servicio de coordinación del 112.
Rosa Touris, directora general de prevención de incendios forestales.
Raúl Quílez, responsable de la Sociedad Valenciana de Gestión de Emergencias (SGISE).
Cristina Sola, Comisaria de Aguas de la CHJ, así como la comisaria jefa de la Unidad Adscrita de la Policía Autonómica y una técnica de comunicación de Emergencias.
La jueza ha aclarado que la presencia de estos cargos en el Cecopi o su pertenencia a la Administración no es suficiente para imputarlos, como pretendía Argüeso, pero sus testimonios serán cruciales para reconstruir los hechos.
En el marco de esta investigación, la jueza ha dictado varios autos. Entre ellos, ha autorizado la personación de Compromís e Intersindical Valenciana como acusación popular, condicionada al pago de una fianza de 6.000 euros. Asimismo, ha rechazado la solicitud de acceso indiscriminado a las grabaciones de las llamadas al 112, amparándose en la protección del secreto de las comunicaciones.
Contexto de la investigación
La investigación se centra en determinar si hubo negligencias en la gestión de la DANA que contribuyeron al elevado número de víctimas. La jueza ha destacado en resoluciones previas la «palmaria ausencia de avisos a la población», señalando que la alerta masiva de las 20:11 horas fue «notablemente tardía» y «errada en su contenido», ya que muchas víctimas fallecieron en plantas bajas, garajes o en la vía pública.
La citación de Polo como testigo ha generado reacciones encontradas. Algunos sectores, como el PP valenciano, han insistido en la responsabilidad de la CHJ, alegando un supuesto «apagón informativo». Sin embargo, la jueza ha desestimado esta narrativa, respaldada por la Fiscalía, que considera que las competencias en materia de protección civil recaían en la Generalitat.
Por su parte, la Asociación de Damnificados DANA Horta Sud, que representa a 109 familias, ha solicitado la imputación de Polo y otros cargos, aunque la jueza ha descartado esta posibilidad por el momento.
La investigación continúa con la toma de declaraciones de los testigos citados y el análisis de los datos solicitados a la CHJ sobre el SAIH y el caudal del barranco del Poyo. La jueza también ha encargado a la Guardia Civil un informe cronológico sobre los desbordamientos y su relación con las víctimas.
El TSJCV ha aprobado reforzar el juzgado de Catarroja con un juez en comisión de servicios para permitir que la magistrada se dedique exclusivamente a esta causa, dada su complejidad y el impacto social de la tragedia.
Fotografía portada: El presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo. X/ @CHJucar
