Entre las propuestas presentadas por PP y Vox, sobresalen la ley de "libertad lingüística en centros" y la de "concordia" en lugar de 'memoria democrática'.
PP y Vox, los partidos representados en el Consell, presentaron este jueves en Les Corts cinco proposiciones de ley que se espera entren en vigor en los próximos meses. Una de estas propuestas, la nueva normativa sobre «libertad educativa», pretende que los padres puedan elegir el idioma en el que desean que sus hijos sean educados. Por otro lado, se plantea sustituir la Ley de Memoria Democrática por una ley de «Concordia», la cual reconocerá todos los actos violentos ocurridos «desde 1931».
Además, otra de las proposiciones de ley presentadas busca reformar la radiotelevisión pública valenciana, À Punt, unificando sus dos entidades en una sola, con el propósito de hacerla más eficiente y profesional, así como de adaptarla al estándar de otras televisiones autonómicas. Las dos últimas propuestas tienen como objetivo reforzar la transparencia en lo que respecta a los datos personales y realizar cambios en la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF).
Estos anuncios se hicieron durante una rueda de prensa convocada unas horas antes en Les Corts, en la que participaron los portavoces del PP y Vox, Miguel Barrachina y José Mª Llanos, junto al secretario del grupo ‘popular’, Juanfran Pérez Llorca. El objetivo declarado es «dar un nuevo impulso a la agenda reformista que comenzó el 29 de mayo».
Específicamente, la nueva ley de «libertad educativa» regulará la elección del idioma en los centros educativos para «poner fin a la imposición del valenciano». Se espera que entre en plena vigencia para el curso 2025-2026, aunque ya se tomarán medidas en el próximo curso, como la certificación «automática» de titulaciones de valenciano al aprobar esta asignatura.
Según lo explicado, los padres tendrán la opción de elegir el idioma de enseñanza de sus hijos al matricularlos por primera vez, mientras que aquellos que ya estén escolarizados recibirán una encuesta en línea para optar entre valenciano o castellano.
Según la ley, los procesos de memoria democrática que estén en curso pero no concluidos cuando entre en vigor, se extinguirán automáticamente, exceptuando las exhumaciones.
En la proposición se menciona el objetivo,
Honrar y proteger la historia de España desde 1931 hasta la actualidad, abarcando casi cien años marcados por profundas crisis, especialmente la convulsa Segunda República, la Guerra Civil, una dictadura y el impacto del terrorismo tanto de ETA como islámico.
A lo largo de siete páginas, se propone la creación de una «unidad valenciana de concordia» y de un «catálogo de vestigios», además de otorgar competencias legales a la Generalitat para intervenir en los «casos sin resolver» de localización de víctimas. También se impulsará desde la administración valenciana la inscripción de defunción de las víctimas desaparecidas.
Asimismo, se establece el mismo régimen de protección y reconocimiento para «las víctimas de la Segunda República y del terrorismo» que para aquellas a las que hace referencia la Ley estatal de Memoria Democrática de 2022.
En la presentación de la ley, el síndic de Vox ha resaltado que convertirá a la Comunitat en «la primera comunidad autónoma que pone fin al enfrentamiento y la confrontación» al eliminar «términos guerracivilistas» y «ampliar el espectro histórico».
No obstante, ha subrayado que se seguirá dando reparación a las víctimas, tanto de un bando como del otro, en lo que respecta a las exhumaciones o la búsqueda de familiares desaparecidos, y que la ley no será «restrictiva» ni recortará ayudas.
Al ser preguntado sobre la decisión de establecer el año 1931 como punto de partida, Llanos ha explicado que es importante reconocer a las víctimas «del sistema político que algunos consideran una democracia y otros un golpe», en referencia a la Segunda República.
No estamos aquí para dar clases de historia.
Agregó cuando se le cuestionó nuevamente, asegurando que la ley se ha elaborado «con la participación de expertos».
Por otro lado, el secretario del PP ha expresado que, en su opinión, «se debería buscar a todas las víctimas, sin importar el año en que ocurrieron». Ante la pregunta sobre si se incluiría el asesinato del joven antifascista Guillem Agulló, cuyo nombre estaba vinculado a un premio que fue retirado de Les Corts, ha insistido en buscar «consenso y unidad» en materia de memoria.
Ayudas
Es curioso notar que esta nueva ley fue presentada el mismo día en que el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana publicó el Plan Estratégico de Subvenciones de Presidencia para el período 2024-2026. Este plan incluye ayudas de hasta 300.000 euros para actividades contempladas en la Ley 14/2017, como la localización, verificación, delimitación de fosas, exhumación, custodia y reinhumación de las víctimas desaparecidas durante la Guerra Civil y la dictadura.
El mismo documento también detalla otras líneas de ayuda destinadas a municipios y asociaciones por un total de 490.000 euros para actividades relacionadas con la memoria. Sin embargo, se destaca que este documento es solo una planificación y que «no tiene ningún rango normativo, tiene carácter programático y su contenido no generará derechos y obligaciones».
Transparencia y Buen Gobierno
Por otro lado, el PP y Vox han presentado una proposición de ley para modificar las normativas aprobadas por el anterior gobierno del Botànic en 2016 y 2022, referentes a las incompatibilidades de cargos públicos y la transparencia y buen gobierno, respectivamente.
En la ley de incompatibilidades, se incluyen artículos que establecen,
El conflicto de interés deberá ser demostrado de manera fehaciente, no pudiendo extenderse una prohibición genérica por el mero hecho de haber pertenecido a un órgano colegiado o haber dictado resoluciones o cualquier otro tipo de acuerdo.
Por su parte, en la ley de transparencia se proponen cambios como la exclusión de las agencias institucionales y de trabajo de las reuniones de mera coordinación y organización, así como la exigencia de que el Consell apruebe en el primer año de mandato un plan político de gobierno de la legislatura, el cual se debatirá en Les Corts tres años después de la toma de posesión del presidente.
En la rueda de prensa, el portavoz del PP ha destacado la importancia de estos cambios en las leyes para «evitar la fuga de talento en el sector público» de la Generalitat, mientras que el síndic de Vox ha defendido la necesidad de «mayores controles y una verdadera transparencia sin vulnerar los datos de carácter personal».
Agencia Valenciana Antifraude
Por otra parte, el PP en solitario ha presentado una propuesta de modificación de la ley de la Agencia Valenciana Antifraude, que busca cambiar la mayoría necesaria para elegir a su director, pasando de requerir tres tercios a exigir mayoría absoluta. Además, se contempla su adecuación a la normativa europea más reciente y se establece claramente los ámbitos de actuación material de la agencia, extendiendo el estatus de persona denunciante a aquellos que presenten denuncias ante la Fiscalía.
Los representantes del PP han explicado que los cambios reflejan las propuestas del actual director de Antifraude, Joan Llinares, cuyo mandato finaliza el próximo mayo, especialmente en lo que respecta a la adaptación a las directivas europeas de protección de datos. «La anterior Conselleria de Transparencia las publicó, pero debido a las discrepancias internas en el Botànic, nunca se llevaron a cabo», han señalado.
En cuanto a la elección por mayoría absoluta, Barrachina y Pérez Llorca han asegurado que la intención del PP es negociar con «todos los grupos».
Modificar el sistema de elección no significa que no se puedan alcanzar acuerdos. Sería criticable que una elección quedara bloqueada por los partidos.
Han subrayado, ejemplificando que cedieron un puesto a Compromís en la Mesa de Les Corts.
