Una acusación particular solicitó verificar si una imagen utilizada para acreditar la presencia de Mazón en el Cecopi había sido manipulada.
El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 3 de Catarroja, encargado de investigar posibles responsabilidades penales en la gestión de la DANA que el pasado 29 de octubre de 2024 dejó 228 víctimas mortales en la Comunidad Valenciana, ha rechazado realizar un informe pericial sobre la autenticidad de una fotografía en la que se ve al president de la Generalitat, Carlos Mazón, entrando al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) a las 20:28 horas de ese día. La decisión, plasmada en un auto emitido este viernes, se basa en la falta de competencia del juzgado para analizar la veracidad de dicha imagen, que no ha sido aportada formalmente al procedimiento.
Este Juzgado no posee competencia respecto del análisis de la falsedad de esa foto, que no ha sido aportada al procedimiento, por lo que no procede acordar la pericial solicitada por un escrito particular.
Señala la resolución judicial, hecha pública por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJCV). La petición había sido formulada por una parte implicada en la causa, que buscaba esclarecer si el fotograma, utilizado por el entorno de Mazón para acreditar su presencia en el Cecopi durante la crisis, «había sido manipulado».
La controversia sobre esta imagen no es nueva. En marzo de 2025, un informe pericial encargado por el medio El Salto y firmado por el forense fotográfico Luis Duque, profesor de criminalística y presidente de la Asociación Pericial, concluyó que la fotografía había sido «técnicamente falsificada» mediante el uso de Adobe Photoshop. Este hallazgo, que generó revuelo político y mediático, llevó a partidos como Podemos y Compromís a exigir grabaciones de seguridad para verificar la hora real de llegada de Mazón al Cecopi, sugiriendo que el president podría haber intentado encubrir una supuesta tardanza en su respuesta a la catástrofe. Sin embargo, el juzgado ha declinado intervenir en este asunto, argumentando que no tiene jurisdicción para ello mientras la imagen no forme parte oficial de las diligencias.
Otras solicitudes denegadas en el auto
El auto judicial también desestima otras solicitudes presentadas por acusaciones particulares. Entre ellas, se encuentra la propuesta de que el Instituto de Medicina Legal (IML) de Valencia realice un análisis específico para determinar si las secuelas psíquicas de los afectados por la DANA incluyen patologías como trastorno de estrés postraumático, estrés agudo, trastornos del estado de ánimo, ansiedad generalizada o ansioso-depresivos. La jueza, Nuria Ruiz Tobarra, subraya que los peritos del IML ya están llevando a cabo «un examen exhaustivo y ponderado» de los padecimientos de las víctimas, dejando abierta la posibilidad de que los solicitantes aporten documentación médica adicional.
Asimismo, se ha rechazado la obtención de registros de llamadas de emergencia realizadas a la Policía Nacional, Guardia Civil y Policías Locales entre el 29 de octubre y el 2 de noviembre de 2024. La magistrada considera que esta solicitud es reiterativa respecto a una anterior denegación sobre las comunicaciones al 112 entre los días 30 de octubre y 2 de noviembre. Además, argumenta que las llamadas posteriores al 29 de octubre «no poseen relación alguna» con el objeto central de la investigación: determinar si los 228 fallecimientos y las lesiones sufridas ese día pudieron evitarse mediante una gestión adecuada de la emergencia.
Contexto de la investigación
La causa penal, que lleva meses en curso, busca esclarecer si hubo negligencias en la actuación de las autoridades autonómicas durante la DANA, una tragedia que dejó un saldo devastador en municipios como Paiporta, Catarroja y Chiva. Actualmente, están investigados la exconsellera de Justicia e Interior, Salomé Pradas, y el exsecretario autonómico de Emergencias, Emilio Argüeso, quienes han defendido su gestión y han señalado a organismos estatales como responsables de posibles fallos. Por su parte, Carlos Mazón, protegido por su condición de aforado, no ha sido citado como investigado, aunque la jueza ha reiterado que podría declarar voluntariamente si así lo solicitara, algo que hasta ahora ha declinado.
El TSJCV, que en diciembre de 2024 y febrero de 2025 rechazó querellas contra Mazón por falta de indicios sólidos, ha delegado la investigación inicial en los juzgados de instrucción. Según fuentes oficiales del TSJCV, cualquier avance que implique al president requeriría una exposición razonada elevada por la jueza de Catarroja, algo que no ha ocurrido hasta el momento.
La investigación sigue su curso en Catarroja, donde se han practicado más de 250 declaraciones testificales, principalmente de familiares de las víctimas, y se espera que nuevos informes periciales y testimonios arrojen luz sobre las responsabilidades en uno de los episodios más trágicos de la historia reciente de la Comunidad Valenciana.
Fotografía portada: Archivo/GVA.
